El artículo 3.2.j) del Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, recoge la prevención eficaz de los conflictos de interés, el fraude y las irregularidades como uno de los principios de buena gestión básicos a respetar de cara a asegurar una implementación eficaz y a la consecución de objetivos vinculados a los proyectos asignados en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
A modo de desarrollo, la Orden HFP/1030/2021, en su artículo 6, establece obligaciones previstas al respecto, destacando la obligación de que toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del PRTR disponga de un «Plan específico de medidas antifraude» que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de su Administración y Sector público institucional actua como entidad ejecutora dentro del PRTR, a través de sus Consejerías y demás entes adscritos. Por ello, elabora el Plan de Medidas Antifraude, mediante el cual expone su estrategia de integridad pública y contra el fraude y ofrece un conjunto de medidas concretas dirigidas a las personas y unidades intervinientes en la gestión y control de los subproyectos y actuaciones aprobadas en el ámbito autonómico dentro de los distintos Componentes y Medidas del PRTR.
El Plan fue aprobado por Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, en su primera versión, con fecha de 08/02/2022 y se ha elaborado teniendo en cuenta toda la normativa autonómica, nacional y europea aplicable en la materia.
El apartado 4 del citado Plan de Medidas Antifraude de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha obliga a los órganos gestores a realizar una evaluación específica del riesgo, impacto y probabilidad de riesgo de fraude, en el ámbito de gestión de los órganos ejecutores que se encuentren bajo su competencia y a difundir y velar porque se apliquen todas las medidas específicas de prevención, detección, corrección y persecución en el marco de la ejecución de los subproyectos y actuaciones financiadas por los fondos MRR.
En base a lo anterior, esta Consejería aprobó su Plan Antifraude Específico en abril de 2022.Su objeto es concretar, en su ámbito de gestión, las principales acciones que deben adoptarse para evitar el mal uso o el fraude en los recursos financieros del PRTR. Este plan específico será de aplicación exclusivamente a las actuaciones que lleve a cabo la Consejería para la ejecución de los fondos del Mecanismo para la Recuperacióny la Resiliencia, dentro de sus competencias y el mismo se configura como un instrumento vivo y flexible, en la medida en que se podrá ir modificando conforme puedan dictarse instrucciones, normativa o guías para la elaboración de estos planes de medidas antifraude, y estará en continua revisión con el conocimiento adquirido en su implementación para perfeccionar las actuaciones planteadas en la lucha contra el fraude.
Posteriormente se aprobó la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Con fecha 31 de octubre de 2023, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprueba la actualización del Plan de Medidas Antifraude de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, mediante el cual se incluye la normativa nacional de aplicación en la ejecución del PRTR, se actualiza la estructura administrativa y órganos ejecutores del PRTR en Castilla-La Mancha, se regulan las entidades instrumentales y los subproyectos instrumentales del PRTR en Castilla-La Mancha, se regula la posibilidad de adhesión voluntaria de las entidades locales de Castilla-La Mancha a los planes antifraude específicos de cada consejería, se recoge la DACI específica para procedimientos de contratación, de acuerdo con la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, y se incluye la regulación de la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero en relación al análisis sistemático del riesgo de conflicto y el uso de MINERVA.
Como consecuencia de lo anterior, la Consejería de Desarrollo Sostenible procedió a la actualización del Plan Específico de Medidas Antifraude de la Consejería de Desarrollo Sostenible con fecha 29 de mayo de 2024. Con fecha 10 de diciembre de 2024, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha acordó aprobar la actualización del Plan de Medidas Antifraude de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de aplicación en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En base a lo anterior, el 3 de febrero de 2024, la Secretaria General de la Consejería de Desarrollo Sostenible aprueba el Plan Específico de Medidas Antifraude.