Durante su comparecencia en la Comisión de las Cortes regionales, el consejero de Bienestar Social, Tomás Mañas, ha destacado la necesidad de “implicar a todos los poderes públicos, fuerzas de seguridad, judicatura, personal sanitario y a las distintas administraciones, en erradicar esta forma de violencia contra las mujeres”.

Asimismo, el titular de Bienestar Social ha señalado que el informe es un documento “en el que han colaborado las destinatarias de la Ley de Prevención, pues gracias a ellas podemos sacar a la luz este problema, publicando las sentencias firmes condenatorias”.

La intención del Gobierno regional con este informe es sacar a la luz pública la lucha efectiva contra los malos tratos, que la agresión contra una mujer se considere como un grave atentado a cada ciudadano, ayudar a la mujer maltratada a que recupere su autoestima y estatus social y, sobre todo, que las mujeres que sufren estas agresiones sepan que el Ejecutivo autonómico mantiene el compromiso de protegerlas frente a los agresores.

Para ello, Tomás Mañas ha descrito algunos de los datos incluidos en el informe como la existencia de 40 centros de la Mujer, cinco casas de acogida y dos de mujeres jóvenes, cuatro centros de Urgencia y los programas de ayudas destinados a rehacer la vida de estas mujeres y sus hijos. Así, durante el año 2001 se beneficiaron del programa integral contra la violencia 423 mujeres y sus hijos.

Además, el consejero ofreció nuevos datos extraídos de la memoria anual de la Fiscalía destacando que de un total de 930 agresores, 789 tienen más de una denuncia y de estos 593 tuvieron dos, 141 tres, 36 cuatro y 18 cinco o más denuncias.

Como conclusión, Tomás Mañas destacó la necesidad de seguir ampliando la red de centros de la mujer –este año se abrirán 16 nuevos-, así como los recursos de acogimiento, el potenciar el Programa de Asistencia Jurídico Procesal y reforzar las ayudas a la salida de las casas de acogida: facilitando el acceso de la mujer a una vivienda a bajo precio o gratuita, incrementando las ayudas económicas hasta que la mujer y sus hijos consigan una situación normalizada y ampliar la formación específica para la consecución de un empleo.