El Tribunal General de la Unión Europea ha rechazado el recurso presentado por España contra la multa de 54,9 millones de euros que la Comisión Europea impuso a nuestro país por considerar insuficientes los controles realizados para impedir plantaciones ilegales de viñedo durante los ejercicios financieros 2003 y 2004. Este importe, que ya fue liquidado en el año 2008 por el Estado, no afecta a los presupuestos de Castilla–La Mancha ni a los viticultores de la región.
El importe de la cantidad corregida equivale al 10 por ciento de los gastos declarados durante los ejercicios financieros 2003 y 2004 en concepto de ayuda para el almacenamiento privado de vino, ayudas para la destilación y almacenamiento de alcohol, ayuda para la utilización de mosto y restituciones por exportación en el sector vitivinícola.
España presentó recurso de anulación, por considerar desproporcionada la corrección financiera en relación con la debilidad detectada, así como por entender que no se habían respetado determinadas garantías en el procedimiento.