Las inspecciones ambientales tienen por objeto garantizar la aplicación y cumplimiento de la legislación en materia de medio ambiente, en lo que se refiere a los controles integrados de las actividades y a las actuaciones sectoriales necesarias, así como fijar las bases de su organización e implantación.
 
El principal instrumento para la organización de las actuaciones que en esta materia se realizan en Castilla La Mancha son los planes y programas de inspección, que a su vez suponen una herramienta para comprobar el nivel de cumplimiento de la normativa ambiental de las instalaciones incluidas en ellos y que se encuentran sometidas a los distintos regímenes administrativos cuya competencia depende de la Dirección General de Economía Circular de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
 
Además de la exigencia legal, una demanda continuada de la sociedad proveniente de las ONG, los colectivos ciudadanos y sectores productivos comprometidos con la protección medioambiental, han determinado la elaboración del Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha para el período 2012 a 2018, y posteriormente la renovación de éste mediante la Orden  50/2018, de 20 de marzo, que aprueba el vigente Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha del periodo 2018-2024.
 
Con independencia del anterior y con el objeto principal de comprobar el grado de cumplimiento de la normativa sobre los traslados transfronterizos de residuos y de los requisitos establecidos en los actos administrativos dictados en dicha materia, así como la detección de actuaciones de traslados transfronterizos de residuos contrarias a la normativa aplicable, se aprobó el Plan de Inspección de traslados transfronterizos de residuos de Castilla- La Mancha 2017-2020, que ha sido recientemente renovado mediante la Orden de 3 de febrero de 2020, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueba el Plan de Inspección de traslados transfronterizos de residuos de Castilla- La Mancha 2020-2024.
 
En ambos planes se establece la necesidad de que la ejecución de los mismos sea flexible a los cambios y se adapten a los recursos disponibles y a la experiencia adquirida. Para ello, el desarrollo de ambos planes tiene lugar mediante los respectivos programas anuales, donde se reflejan estos cambios y se indican las inspecciones medioambientales que son prioritarias en este año, resultantes del correspondiente análisis de riesgo realizado en virtud de lo establecido en cada uno de los planes.
 
Para el año 2022 los programas aprobados son:
 

• Resolución de la Dirección General de Economía Circular, por la que se aprueba el Programa de inspección medioambiental de Castilla- La Mancha para el año 2022.

• Resolución de la Dirección General de Economía Circular, por la que se aprueba el Programa de Inspección de traslados transfronterizos de residuos de Castilla-La Mancha para el año 2022.

 
En estos documentos ejecutivos se dan a conocer el número y tipo de inspecciones que se tiene previsto llevar a cabo durante ese ejercicio, los recursos personales disponibles para ello y la evaluación de los resultados del año anterior. Asimismo, se detalla la formación específica para empleados públicos cuya labor sea la inspección que se vaya a realizar en el periodo de vigencia del programa.
 
Por otro lado, como  instrumento para la cooperación e intercambio de experiencia entre los responsables de las Inspecciones Ambientales de las Comunidades Autónomas se crea la Red de Inspección Ambiental (REDIA), consistente en la constitución de un foro permanente de participación e intercambio de conocimientos y experiencias en materia de Inspección Ambiental, así como en la realización de proyectos de interés común.
 
En cumplimiento del artículo 24, “Documentación de la labor inspectora, su notificación y publicidad” del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, que afecta a las actividades sujetas a la normativa IPPC (prevención y control integrados de la contaminación), se han de publicar los informes de inspecciones realizadas a las actividades sometidas a autorización ambiental integrada.