El Gobierno regional da los primeros pasos para redactar la denominada Ley de Transparencia y Buen Gobierno, una norma nueva de control que devuelva la confianza de los ciudadanos en la política, se refuerce su participación y la supremacía del interés general sobre el privado. Hoy en Toledo ha arrancado un seminario donde se habla de transparencia e integridad en el sector público.
JOSÉ MARÍA BARREDA: Hoy Castilla-La Mancha inicia un nuevo camino, lo hace de manera activa, comprometida y responsable, mi Gobierno refuerza un compromiso, o más que un compromiso, una nueva alianza con la sociedad castellano-manchega. Hacer de la transparencia y la participación el nuevo rostro de la política y del servicio público.
Castilla-La Mancha ya tiene una amplia trayectoria en medidas de transparencia, se hacen públicas todas las actuaciones del Gobierno, las ayudas y sus destinatarios, todos los cargos públicos del Gobierno están sometidos a estricto régimen de incompatibilidades y deben hacer públicas sus declaraciones de bienes, renta y actividades. Medidas todas ellas reconocidas por los expertos que hoy han llegado a Toledo.
MANUEL VILLORIA, CATEDRÁTICO DE CIENCIAS POLÍTICAS: Siempre considerando que esta Comunidad Autónoma es un ejemplo, ha sido siempre un ejemplo de transparencia y un ejemplo de una Comunidad con un Gobierno que se ha preocupado por las incompatibilidades, por la publicidad de las declaraciones de bienes y de renta de los altos cargos, en suma, creo que esta es una Comunidad ideal para lanzar este tipo de proyectos y máxime cuando parece que hay una ley que, una ley de transparencia que va a, yo creo, que a sistematizar todo el conjunto de actuaciones que el Gobierno tiene en esta materia.
FRANCISCO CARDONA, OCDE-SIGMA: Hay cada vez más gente que piensa que efectivamente hay que impulsar políticas de transparencia, políticas de abertura del gobierno y políticas que permitan a los ciudadanos entender y ver y juzgar que es lo que está pasando dentro de las administraciones públicas. Si se confirma esta tendencia sería un paso enormemente positivo y que nos podría situar en el conjunto de los países más avanzados.
Sin embargo todavía España no tiene una norma de transparencia para la gestión pública, es uno de los tres países de la OCDE que no la tiene, los expertos reconocen los beneficios.
RICHARD MARTÍNEZ, CONSELLIER SERVICE CENTRALE DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, MINISTERIO DE JUSTICIA DE FRANCIA: Si hay una buena utilización del dinero público los impuestos serán menos importantes y las utilidades públicas, las construcciones públicas serán mejores, es la primera cosa, hay que ver que la corrupción es un freno para el desarrollo económico de una región y de un país.
En palabras del jefe del Ejecutivo castellano-manchego, con esta ley los ciudadanos serán los vigilantes de una gestión pública y política, ética y socialmente respetable y tan transparente que sea cristalina.