La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha sido pionera en la implantación de este sistema, que ya se encuentra operativo en un 70% de las dependencias de la Administración, y que va a permitir a los ciudadanos realizar trámites y obtener información sobre los mismos, en cualquier oficina de la Junta, con independencia de cuál sea el órgano destinatario.
Una delegación compuesta por técnicos y responsables del Cabildo insular de Tenerife ha visitado nuestra región para interesarse por el funcionamiento del Registro Único informatizado de la Junta, cuya implantación está a punto de finalizar en todas las dependencias de la Administración regional. Durante la reunión mantenida con el consejero de Administraciones Públicas, Justo Zambrana, y el director general de Calidad de los Servicios, Luis Herrera, los representantes del Cabildo de Tenerife se han interesado por la aplicación informática desarrollada para la gestión de este registro y su funcionamiento. Nuestra Comunidad Autónoma fue la primera en desarrollar un proyecto de registro común para todas las dependencias de la Administración regional en lugar de optar por el sistema planteado en otras Comunidades Autónomas que prevé registros unificados en cada Consejería. El modelo castellano-manchego, por el que ya han mostrado su interés otros Gobiernos autonómicos, permite a los ciudadanos acercarse a cualquier centro administrativo de la Junta para iniciar trámites y obtener información sobre los mismos, con independencia del cual sea el órgano encargado de su gestión, ya que la entrada del documento quedará registrada en una base de datos común. De esta forma, un vecino de Albacete podrá presentar en la Delegación de Agricultura de esta provincia una solicitud de ayuda dirigida a la Delegación de Industria de Guadalajara, lo que evitará su desplazamiento y agilizará los procedimientos mejorando la calidad del servicio y contribuyendo a acercar la Administración a los ciudadanos. El Registro Único ya se encuentra en funcionamiento en los servicios centrales de todas las consejerías y en buena parte de sus delegaciones provinciales, así como en todas las Oficinas de Información y Registro de la Junta de Comunidades (OIRES) y está prevista su implantación en aquellas entidades locales que lo soliciten.