22/11/2017Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital
Durante este año

Seis personas con discapacidad digitalizan 250 documentos diarios del Archivo regional gracias a las becas del Gobierno, Caja Rural y CIEES

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha resaltado que estas becas benefician tanto a las personas con discapacidad, al permitirles trabajar en un entorno laboral real, como a la Administración regional, ya que suponen avanzar en la administración electrónica y en el objetivo de lograr una sociedad plenamente inclusiva.

Toledo, 22 de noviembre de 2017.- Un total de 250 al día es la media de documentos que digitalizan las seis personas con discapacidad que durante este año están trabajando en el Archivo de Castilla-La Mancha gracias a las becas formativas del programa Futurempleo, fruto del convenio firmado entre el Gobierno regional, Caja Rural Castilla-La Mancha y la Fundación para la Gestión y Estudio de la Especificidad (CIEES).
 
Este acuerdo de colaboración ha sido renovado hoy por cuarto año consecutivo por el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina; el presidente de Caja Rural Castilla-La Mancha, Javier López Martín, y el presidente del grupo CECAP, Andrés Martínez Medina, una organización que engloba a varias entidades de ayuda a la discapacidad, entre las que se encuentra la Fundación CIEES.
 
La firma de renovación del convenio ha tenido lugar en el propio Archivo regional, oportunidad que han aprovechado para saludar y conocer por boca de los propios beneficiarios de las becas las tareas de digitalización y clasificación documental que realizan día a día.
 
En este sentido, Ruiz Molina ha subrayado que estas becas permiten a las personas con discapacidad beneficiarias contar con una experiencia profesional en un entorno laboral real; adquirir competencias propias del mercado laboral como son la responsabilidad, la puntualidad o el trabajo en equipo y, además, tener la oportunidad de desarrollar su autonomía personal y laboral.
 
Además de los beneficios para las personas con discapacidad, estas becas contribuyen a lograr una sociedad plenamente inclusiva, objetivo fundamental del Gobierno de Emiliano García-Page, tal y como ha destacado Ruiz Molina.
 
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha resaltado que también este convenio permite avanzar hacia otra de las metas del Ejecutivo regional, como es la administración electrónica, en este caso a través de la digitalización de documentos que forman parte del Archivo de Castilla-La Mancha.
 
De estas becas, desde 2013, se han beneficiado 39 personas con discapacidad, 19 mujeres y 20 hombres, por lo que también cumplen con la igualdad de género.
 
De esta cifra total, seis son beneficiarios de las becas durante este año, tres de los cuales todavía siguen trabajando en el Archivo Regional, mientras que los otros tres lo hicieron en el primer semestre.
 
Medidas del Ejecutivo de García-Page para lograr una sociedad plenamente inclusiva
 
Respecto al objetivo del Gobierno de trabajar por la plena inclusión, Ruiz Molina ha mencionado las diferentes acciones en esa dirección que se han llevado a cabo desde la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
 
Así, ha recordado la aprobación de las cláusulas sociales en la contratación del sector público, que tienen entre sus objetivos fomentar el empleo de personas en exclusión social y facilitar la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
 
También en este ámbito, Ruiz Molina ha subrayado la reserva del 6 por ciento del presupuesto total de contratación pública a centros especiales de empleo y a empresas de inserción.
 
En relación con el empleo público, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha indicado que todas las ofertas de empleo público que se están aprobando por el Gobierno de Emiliano García-Page reservan el 7 por ciento de las plazas a personas con discapacidad.
 
Además, el Gobierno de Castilla-La Mancha está avanzando en la Ley de Protección y apoyo garantizado para personas con discapacidad, que tiene por objeto que los poderes públicos garanticen a las madres y padres de hijos con discapacidad que cuando ya no estén, sus hijos estarán protegidos, cuidados y amparados por la Administración pública.

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