Alejandro Gil afirmó que esta sociedad estatal es “poco transparente” y advirtió del peligro que supondría dejar la gestión del agua en manos de las empresas instrumentales creadas por el Ministerio de Medio Ambiente en cada cuenca hidrográfica en caso de una eventual privatización

El consejero de Obras Públicas, Alejandro Gil, declaró hoy en Puertollano que el Gobierno de Castilla-La Mancha está dispuesto a renunciar a la titularidad del embalse de Montoro una vez finalicen las obras de recrecimiento de la presa pero advirtió que “no consentirá” que la explotación de las reservas quede en manos de Aquavir, la sociedad estatal constituida por el Ministerio de Medio Ambiente para la ejecución y gestión de obras hidráulicas en la cuenca del Guadalquivir.

Gil afirmó que el único medio de asegurar a los ciudadanos de la comarca de Puertollano un precio justo por el agua que consumirán en el futuro es la gestión pública, directamente desde la Junta de Comunidades o bien a través de un convenio entre la Administración regional, los municipios de la zona y las empresas del complejo petroquímico de la ciudad.

A juicio del consejero de Obras Públicas, Aquavir y el resto de sociedades estatales creadas por el MIMAM en cada cuenca hidrográfica son “poco transparentes y no nos ofrecen garantías”.

Gil señaló que estas empresas carecen de capacidad técnica para redactar y ejecutar proyectos, por lo que han de recurrir a la subcontratación, y recordó que sólo deben rendir cuentas a su consejo de administración, órgano en el que han impedido la participación del Gobierno de Castilla-La Mancha a diferencia de lo que sucede en Murcia o Valencia, donde gobierna el Partido Popular.

Alejandro Gil aboga por un acuerdo similar al del protocolo suscrito con el Ministerio de Medio Ambiente para desarrollar la conducción de agua desde el trasvase Tajo/Segura a la llanura manchega, que deja la explotación de la tubería en manos de la Junta de Comunidades, y se preguntó por qué en este caso y en el del abastecimiento a Albacete no se puede hacer lo mismo y, aún más grave, el MIMAM pretende incluso “hacer negocio”, cobrando a los ciudadanos la amortización de dichas obras cuando su aportación se limitará a adelantar un dinero que luego le será reembolsado íntegramente con fondos comunitarios mientras el Gobierno regional abonará su parte, el quince por ciento del coste, con fondos propios.

“Sucia maniobra” de Isabel Tocino

Por otro lado, el consejero de Obras Públicas tildó de “sucia maniobra” la visita de la ministra de Medio Ambiente a Puertollano acompañada del presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir cuando sabía que el alcalde de la ciudad, Casimiro Sánchez Calderón, se encontraba en Sevilla negociando los términos del protocolo para ejecutar el recrecimiento del embalse de Montoro, que actualmente es propiedad de la empresa petrolera.

Para Alejandro Gil, las manifestaciones de Isabel Tocino son un “cúmulo de falsedades” y aseguró que si estuviera preocupada por el abastecimiento de Puertollano habría propuesto varias soluciones. En cambio, indicó el consejero, el único estudio redactado hasta la fecha es el de Repsol para el recrecimiento del Montoro.

Respecto a las declaraciones de Tocino acusando al Gobierno regional de haberse inmiscuido para retrasar la ejecución del proyecto, Gil manifestó que la Junta de Comunidades ha estado dispuesta al diálogo desde el primer momento. En este sentido, recordó que la Administración regional está dispuesta a aportar el quince por ciento del coste de unas obras que al MIMAM no le costarán nada y que el 4 de febrero remitía a la Confederación del Guadalquivir un borrador de protocolo para empezar a negociar.

Asimismo, el consejero de Obras Públicas considera “una frivolidad” las manifestaciones de la ministra de Medio Ambiente en las que aseguraba que el abastecimiento de agua está garantizado para los próximos doce meses.

Alejandro Gil dijo no querer ser alarmista, pero indicó que las reservas de agua en los embalses de la región han descendido mil hectómetros cúbicos en los últimos doce meses y mostró su preocupación por el futuro del abastecimiento de capitales como Toledo o Ciudad Real en el caso de que no llueva el próximo otoño.

En opinión del consejero, esta situación, que difícilmente podría resolverse con obras de emergencia, y la decisión ya tomada por las confederaciones hidrográficas prohibiendo los riegos demuestran el fracaso de las políticas del Ministerio de Medio Ambiente a pesar de las “declaraciones triunfalistas” de su responsable.