La Junta Arbitral de Castilla-La Mancha, con un total de 7.661 empresas adheridas al Sistema Arbitral, está a la cabeza de las Juntas Arbitrales, según se desprende de la Memoria Nacional del Sistema Arbitral de Consumo elaborada por el Instituto Nacional de Consumo. Le sigue la Comunidad Valenciana con 7.401 y el País Vasco con 5.302.

El Arbitraje de Consumo es un sistema extrajudicial de resolución de conflictos y desacuerdos que pueden surgir entre el consumidor o usuario y el empresario vendedor de bienes o prestador de servicios. Su creación viene avalada por la Ley General para la Defensa de Los Consumidores y Usuarios que establece la creación de un Sistema Arbitral rápido, que atienda las reclamaciones que pueden formular los consumidores o usuarios de acuerdo con los derechos que la legislación de consumo les reconoce.

El Arbitraje de Consumo ofrece ventajas tales como, eficacia (se resuelve mediante laudo o resolución del Colegio Arbitral, por tanto no es necesario acudir a los Tribunales de Justicia); rapidez (la resolución se dicta en un plazo máximo de cuatro meses a contar desde la designación de Colegio Arbitral); economía (no es obligatoria la asistencia de abogado o procurador por parte del reclamante.

Únicamente se debe costear, y en los casos en que lo propongan las partes, la emisión de informe pericial) y efectividad (el laudo es de obligado cumplimiento para las partes. En caso de incumplimiento, la parte interesada puede acudir al juzgado).

Es un procedimiento sencillo y ágil. La solicitud de Arbitraje se puede presentar a través de las Asociaciones de Consumidores o bien directamente en los Servicios de Consumo de las Delegaciones Provinciales de Sanidad, Oficinas Municipales de Información al Consumidor, o en la Junta Arbitral que corresponda al domicilio del consumidor.

El Colegio Arbitral, a la hora de constituirse para dirimir cualquier controversia, tendrá en cuenta a los diversos sectores implicados, además de la presencia de un vocal que represente a los consumidores y otro que represente a los empresarios, y por supuesto, un presidente que es el que representa a la Administración Pública.

En Castilla-La Mancha, la gestión del Arbitraje de Consumo está encomendada a la Junta Arbitral de Consumo, con sede en la Dirección General de Consumo de la Consejería de Sanidad, de carácter Autonómico y con competencia territorial en toda la región. La Junta Arbitral cuenta con los siguientes centros colaboradores de arbitraje en todo el territorio regional: Diputación y Ayuntamiento de Albacete; los Ayuntamiento de Ciudad Real, Alcázar de San Juan, Manzanares, Puertollano, Tomelloso, Valdepeñas, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Talavera de la Reina, y la Junta Arbitral Central de Toledo.

Desde que se constituyó la Junta Arbitral de Castilla La Mancha, el 1de abril de 1994, el balance no puede ser más positivo. El número de empresas adheridas ha pasado de 4.700 en 1994 a 7.661 en marzo de 2000, lo que supone un aumento del 63%. Estas cifras convierten a la Junta Arbitral de Castilla-La Mancha, en el centro de estas características que mayor número de adhesiones registra.

Los laudos dictados, desde 1994 hasta la fecha, han sido 2.166. Durante 1999 se dictaron 345, produciéndose 66 conciliaciones a través de la intervención de la Junta Arbitral. En el 98,5% de los casos, el laudo fue aceptado por unanimidad de los Árbitros, lo que expresa el alto grado de consenso alcanzado.

La cuantía media de los litigios durante 1999 fue de 93.638 pesetas, lo cual supone un aumento del 82% con respecto a 1998, que fue de 51.256 pesetas.

Los sectores más demandados fueron, por este orden, servicios telefónicos, tintorerías, reparación de automóviles, enseñanza, venta de viviendas, muebles y reparación del hogar. En cualquier caso, cabe destacar, la incorporación de sectores al Sistema, en lo que se refiere a demandas y reclamaciones, tales como, funerarias, gimnasios, grúas, peluquerías y gestorías.

Por último señalar que el tiempo medio de resolución de los expedientes ha sido de dos meses, muy por debajo de los cuatro meses máximos que establece la legislación vigente.

Como novedad para el año 2000, en Castilla-La Mancha está previsto incorporar a la Junta Arbitral un Colegio Especial de Arbitraje sobre el Euro, una vez se constituya el Observario de Euro en Castilla-La Mancha.