Para la consejera de Sanidad las personas más perjudicadas por esta medida serán los ciudadanos más desfavorecidos, que ahora deberán pagar estos medicamentos de su propio bolsillo, mientras que los más beneficiados serán los laboratorios farmacéuticos.

La Consejera de Sanidad, Matilde Valentín, ha destacado hoy en su intervención en el Pleno de las Cortes, que el 60% de los medicamentos excluidos por el Gobierno nacional de la financiación pública, "son de prescripción obligatoria con receta médica". Además, el 43% de los mismos, según un informe de 1994 realizado por la Comisión del Uso Racional del Medicamento, tiene un alto valor terapéutico.

Matilde Valentín, ha realizado estas declaraciones en su intervención ante el pleno de las Cortes para informar, a petición de IU, de la exclusión de 800 medicamentos de la financiación pública llevada a cabo por el Gobierno nacional.

La consejera, que ha reiterado el rechazo del Gobierno de Castilla-La Mancha a esta medida que considera discriminatoria, cree que la exclusión de estos medicamentos no se debe a criterios sanitarios sino meramente económicos.

Para Matilde Valentín, la exclusión de estos 800 fármacos de la financiación pública "no se realiza para profundizar en el uso racional del medicamento, sino que se trata exclusivamente de una medida economicista de recorte del gasto público farmacéutico que tendrán que asumir los ciudadanos".

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha rechazado la exclusión de estos medicamentos "tanto por el tipo de fármacos afectados, como por la falta de trasparencia con la que se ha elaborado la lista, por la falta de participación de expertos en su elaboración, por la falta de criterios terapéuticos y, sobre todo, por los perjuicios que se les va a causar a determinados colectivos", ha dicho la consejera.

La responsable de Sanidad, que ha acusado al Gobierno nacional de realizar esta lista con nocturnidad, premeditación, y sin contar con los expertos en la materia, considera que no se va a conseguir el pretendido ahorro.

"Además, desde el punto de vista sanitario, esta exclusión causa vacíos terapéuticos en el tratamiento dentro de la financiación pública de estreñimientos, diarreas, varices, acné, hemorroides, etc", ha añadido Valentín.

La consejera de Sanidad ha señalado que las personas más perjudicadas por la exclusión de estos medicamentos son sobre todo los ancianos, las mujeres y los niños, que ahora deberán pagar de su propio bolsillo estos medicamentos.

Por contra, para Valentín, los únicos beneficiarios de esta medida que quiere implantar el Gobierno son los laboratorios farmacéuticos que tendrán libertad de precios a la hora de vender los medicamentos que ahora se excluyen de la Seguridad Social.

"El Ministerio pretende imponer una medida que no sólo recorta el gasto social sino que traslada al enfermo el pago para que no se resienta la industria farmacéutica".

Valentín se ha mostrado dispuesta a dialogar con el Ministerio "pero no empezando la casa por el tejado sino por los cimientos, para que el Ministerio recapacite pensando en el ciudadano".

El Ministerio de Sanidad no pretende racionalizar el uso del medicamento, ni eliminar fármacos de baja utilidad terapéutica, ya que según el propio ministro, estos medicamentos son eficaces, seguros y de calidad. "Se excluyen por imperativo económico y sin ninguna consideración sanitaria".

"La sensibilidad del Gobierno de la Nación hacia los ciudadanos más desfavorecidos es dudosa", aseguró la consejera, quien añadió que "las intenciones del Gobierno del PP van emergiendo a la luz: pretenden por un lado incrementar el gasto sanitario para justificar que resulta insostenible, y de paso tener una coartada para ir privatizando la sanidad y garantizando a la industria farmacéuticas sus beneficios a costa de los enfermos".