García-Page dijo que "estamos acostumbrados a luchar en el terreno constitucional para defender derechos formales, pero es hora ya de que la igualdad de oportunidades tenga un claro apoyo económico" y añadió que "no podemos decir en la Constitución que todos los ciudadanos tienen igualdad de oportunidades y que todas las regiones tienen que practicar el equilibrio territorial y la solidaridad y que luego el Gobierno central, con apoyos interesados, distribuya los fondos arbitrariamente".

El consejero Portavoz, Emiliano García-Page, aseguró hoy que el Gobierno regional, en coherencia con la posición política e institucional que ha mantenido siempre, "ha decidido interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el modelo de financiación sanitaria porque la vulneración de los derechos de los ciudadanos más flagrante se produce siempre en el terreno económico".

"Estamos acostumbrados a luchar en el terreno constitucional para defender derechos formales, pero nosotros creemos que es hora ya de que la igualdad de oportunidades tenga un claro apoyo económico", puntualizó el consejero Portavoz, quien añadió que "no se puede decir en la Constitución que todos los ciudadanos tienen igualdad de oportunidades y que todas las comunidades tienen que practicar el equilibrio territorial y la solidaridad, y que luego, el Gobierno central, con el apoyo interesado de sus gobiernos nacionalistas, distribuya los fondos presupuestarios arbitrariamente".

García-Page señaló que en este caso se habla de una financiación finalista para un derecho tan básico como es la salud y reiteró que un castellano-manchego tiene el derecho a una prestación sanitaria en igualdad de condiciones a la que se presta en otras regiones..

El consejero aseguró que el Gobierno regional se sentía obligado a interponer el recurso de inconstitucionalidad y lo calificó de "novedoso y, hasta cierto punto, atrevido, porque cuestionamos la raíz misma de las decisiones políticas estatales" y agregó que "es hora de que en España se asuma el Estado autonómico, no sólo en los discursos, sino que se asuma en las asignaciones presupuestarias".

En opinión del Portavoz, carece de sentido alguno que las siete comunidades autónomas que tienen competencias en materia sanitaria reciban 72.000 millones de pesetas, frente a los algo más de 5.500 que reciben el resto de regiones que forman parte del territorio Insalud.

"El equilibrio territorial y la igualdad de oportunidades dependen de las decisiones que día a día se van adoptando sobre todo en el terreno financiero", dijo García-Page, quien agregó que "como la posibilidad de que una persona se ponga enferma en Socuéllamos es la misma de que alguien enferme en Barcelona, reclamamos el mismo trato económico".

Asimismo, el consejero destacó que, además de "injusto, inmoral y desproporcionado", es inconstitucional que el 92% de los fondos sanitarios vayan a parar a siete comunidades autónomas que además ya vienen gastando por encima de la media con los recursos que les proporciona el Estado y con los suyos propios por encima de la media de las comunidades autónomas.

García-Page, que mostró su confianza en que mañana el Pleno de las Cortes apruebe también, a ser posible por unanimidad, la interposición de otro recurso de inconstitucionalidad, manifestó su deseo de que estos recursos supongan un apuntalamiento al Estado autonómico, al principio de solidaridad y al principio de justicia redistributiva.

En este sentido, el consejero indicó que "esperamos que el Tribunal Constitucional pueda enmendar, no sólo una decisión de financiación autonómica o de financiación sanitaria, sino toda una trayectoria que los actuales responsables del Gobierno central vienen aplicando en España en perjuicio de determinadas comunidades autónomas y en beneficio exclusivo de quien les aporta mayorías políticas en el Congreso de los Diputados".

A preguntas de los medios de comunicación, el consejero indicó que el recurso se presentará formalmente antes del día 31 de marzo, fecha en la que finaliza el plazo, e insistió en que "llevamos al Tribunal Constitucional una reflexión que tiene que realizarse en este país: hasta ahora se revisaban las decisiones legales casi de carácter formal, pero creemos que sería engañarse pensar que lo importante de verdad, hacia donde van los dineros, debe ser ajeno al Tribunal y que la financiación no está obligada al mismo principio de solidaridad e igualdad".

En relación a los fundamentos jurídicos, el consejero citó el artículo 131.1 de la Constitución española, en el que se señala que "el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, que está consagrado en el artículo 2 de la Constitución, y obliga al Estado a velar por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del Estado español".

García-Page indicó que son muchos los artículos de la Carta Magna que se ven quebrantados por disposiciones políticas. En concreto, hay que señalar que, a juicio del Ejecutivo regional, el modelo de financiación es contraria a la Constitución por vulnerar los principios de igualdad y solidaridad, regulados en los artículos 2; 31.2; 138.1 y 2; 139, 1; y 156.1.

"Creemos que nos sobran argumentos constitucionales e institucionales, pero, sobre todo, nos sobran razones de justicia", concluyó el consejero.

Por último y en relación al debate que se celebrará el próximo lunes en el Senado, a petición de Castilla-La Mancha, sobre el modelo de financiación sanitaria para el cuatrienio 1998-2001, indicó que "el Senado tiene la oportunidad de demostrar que, además de ser la Cámara que cuenta con más miembros pendientes de suplicatorios, es y tiene un cometido claramente territorial".

"Castilla-La Mancha no pretende presentar una ofensiva contra el Senado, sino que apuesta porque éste sea una Cámara territorial, ya que consideramos que ésta es la única forma de consolidar la Cámara Alta".