Las Cortes de Castilla-La Mancha respaldan al Gobierno regional en su posición contraria al dictamen aprobado el pasado 27 de abril del Consejo Nacional del Agua y al que se incorporaron modificaciones que condicionan los acuerdos alcanzados con el Gobierno central en los planes de cuenca del Tajo, Júcar y Segura y ponen en cuestión la ampliación de regadíos en la región. Asimismo, el Parlamento regional exige al Consejo de Ministros y, en particular al presidente Aznar, que aprueben definitivamente los citados planes, respetando los acuerdos en su integridad.

El consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Alejandro Alonso, aseguró hoy en las Cortes regionales en relación al dictamen aprobado por el Consejo Nacional del Agua que "si no se pretendiera modificar lo pactado con el Ministerio de Medio Ambiente, los planes hidrológicos de cuenca estarían ya aprobados", y añadió que el cambio de postura de la ministra Isabel Tocino se debe a una imposición del PP.

Alonso, que hizo esta afirmación durante su intervención en el Pleno de las Cortes para responder al Grupo Popular que negó que el dictamen del Consejo modificase los planes de cuenca, señaló que estos planes, acordados con el Gobierno central, estarían ya aprobados si no hubiese discrepancias entre los ministerios de Medio Ambiente y de Agricultura, así como porque hay gentes en el Ejecutivo y fuera de él, pero de la misma filiación política, que no quieren que se mantengan las asignaciones para regadíos en la región que contemplan los planes.

En este sentido, el consejero instó a los diputados "populares" a defender los intereses de la región, "en vez de alinearse con aquellos que están mirando hacia la periferia de España y no para el centro".

El responsable regional de Agricultura explicó que las modificaciones introducidas en el dictamen aprobado por el Consejo Nacional del Agua por el Ministerio de Agricultura "modifican sustancialmente los acuerdos alcanzados, así como el informe aprobado por la Comisión Permanente del citado Consejo, y pueden tener consecuencias nefastas para la región, ya que se pone en cuestión la ampliación de los regadíos en la región y la consolidación de los ya existentes".

En opinión de Alonso, la introducción de estas modificaciones tienen graves consecuencias políticas, "ya que se han quebrantado unos acuerdos logrados entre el Gobierno de España y el Ejecutivo regional y se es desleal con la región, ya que las discrepancias se deben a las asignaciones de agua para nuestros regadíos".

En este sentido, el consejero indicó que los planes hidrológicos del Tajo, Júcar y Segura garantizaban a Castilla-La Mancha la puesta en marcha de 150.000 hectáreas de regadío, mientras que la resolución del Consejo Nacional del Agua rebaja a 25.000 hectáreas esta cifra y deja el resto a la decisión "arbitraria" del Ministerio de Agricultura.

"La introducción de las modificaciones en el dictamen y el anexo con el proyecto de Plan de Regadíos Horizonte 2005 hipoteca la puesta en marcha de zonas regables y condiciona la consolidación de las 225.000 hectáreas ya existentes", puntualizó Alonso.

El responsable de Agricultura recordó que Castilla-La Mancha presentó un voto particular en contra de este dictamen por tres razones: supone una modificación sustancial de los acuerdos, condiciona las 150.000 nuevas hectáreas de regadío e hipoteca las reservas de agua fijadas en los planes hidrológicos de cuenca a las decisiones del MAPA.

Alejandro Alonso concluyó su intervención solicitando el apoyo de la Cámara porque "no podemos permitir que el futuro de nuestros regantes quede en la incertidumbre" y añadió que "estamos ante una situación que podría desembocar en un grave conflicto social".

Tras la información del consejero, el Parlamento regional aprobó una resolución, con los votos a favor del PSOE e ICAM y en contra del PP, en la que exigen al Consejo de Ministros y, en especial, al presidente Aznar que aprueben los planes hidrológicos de cuenca respetando en su integridad los acuerdos alcanzados entre Castilla-La Mancha y el Ministerio de Medio Ambiente.

Asimismo, las Cortes reprueban la actitud del Ministerio de Medio Ambiente, ya que ha "incumplido" los acuerdos sobre los planes hidrológicos del Tajo, Júcar y Segura al aceptar las modificaciones introducidas por el Ministerio de Agricultura en el Consejo Nacional del Agua.

El Parlamento autónomo rechaza también las intenciones de la ministra de Agricultura, plasmadas en la citada modificación, que "atentan gravemente contra los intereses de Castilla-La Mancha y, en particular, al futuro de los regadíos".

La resolución finaliza instando al Gobierno regional a que en el supuesto de que los planes sean definitivamente aprobados por el Consejo de Ministros con las modificaciones introducidas en el dictamen "se recurra ante los tribunales Constitucional y Supremo".

Por último, señalar que se aprobó también, con la abstención del PSOE e ICAM, una resolución presentada por el PP en la que se insta al Gobierno de España a que apruebe estos planes hidrológicos como fueron acordados en cada cuenca.