Ruiz Molina durante de la intervención en las Cortes Regionales
02/12/2015Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Durante el debate en las Cortes de Castilla-La Mancha

Ruiz Molina: “La Proposición de Ley garantizará que los servicios públicos se presten en las mismas condiciones y sin perjuicio para los ciudadanos”

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha resaltado que la Proposición de Ley de medidas para la garantía y continuidad de los servicios públicos dota de seguridad jurídica a las corporaciones locales.

Toledo, 02 de diciembre de 2015.- El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha manifestado hoy que la Proposición de Ley de medidas para la garantía y continuidad en Castilla-La Mancha de los servicios públicos tiene por objeto que no exista ninguna duda de que las competencias en materia de educación, sanidad y servicios sociales se seguirán prestando en las mismas condiciones y, por tanto, sin perjuicio para los ciudadanos.
 
Ruiz Molina se ha manifestado así durante el debate y votación en las Cortes regionales del dictamen sobre la Proposición de Ley de medidas para la garantía y continuidad en Castilla-La Mancha de los servicios públicos como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local.
 
Esta Proposición de Ley, ha explicado el consejero, dotará a las corporaciones locales de la “necesaria seguridad jurídica” tras la suspensión de la mencionada Ley al “no haberse puesto en marcha el sistema de financiación de las corporaciones locales y de las Comunidades Autónomas”.
 
Por ello, Ruiz Molina ha agradecido al Grupo Parlamentario Socialista y al de Podemos que hayan presentado esta Proposición de Ley porque “los ciudadanos y las corporaciones locales se quedan más tranquilos” y se dota, además, de “normalidad al funcionamiento de las administraciones locales”.
 
Por último, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha destacado que se necesita una reforma de la administración que deje clara la distribución de competencias, así como “un nuevo modelo de financiación autonómica que lleva caduco, por lo menos, dos años”.

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