El delegado de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en Cuenca, Rodrigo Fernández, ha confiado en que en los próximos días se resuelvan las ayudas directas puestas en marcha por el Gobierno regional para apoyar a los agricultores y ganaderos afectados por la sequía de 2023, tras la publicación del decreto que las regula el pasado martes 5 de agosto.
 
Según ha explicado Fernández, se trata de una línea dotada con seis millones de euros, aprobada por el Consejo de Gobierno la semana pasada, que busca paliar las pérdidas económicas y de capacidad productiva ocasionadas por la sequía en las explotaciones agrarias de Castilla-La Mancha en el año hidrológico 2023-2024.
 
El objetivo esa aportar liquidez a más de 4.100 agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha cuyas explotaciones se encuentran en alguno de los 158 municipios de las provincias de Cuenca, Albacete y Ciudad Real afectados y que han quedado recogidos en el anexo publicado por la Consejería. En el caso concreto de la provincia de Cuenca, son 55 municipios.
 
Fernández ha explicado que esta ayuda “se financia íntegramente con fondos propios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y da cumplimiento al compromiso adquirido por el presidente Emiliano García-Page con el sector el pasado mes de marzo”.
 
Con el objetivo de agilizar la tramitación y simplificar los procedimientos administrativos, la subvención se concederá de forma directa, a partir de la consulta de los datos ya disponibles en la administración, salvo oposición expresa de la persona beneficiaria.
 
Las personas que quieran oponerse a la consulta de datos deberán presentar el Anexo II del Decreto 59/2025 de 29 de julio, en la sede electrónica www.jccm.es, entre el 6 y el 12 de agosto.
 
La propuesta de resolución provisional de personas beneficiarias se publicará próximamente en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha indicando las superficies admisibles, los importes propuestos, así como los últimos dígitos de la cuenta bancaria señalada en la solicitud unificada de 2024 que será donde se efectúe el pago".
 
A partir de ese momento, los beneficiarios dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de publicación, para la realización de las siguientes actuaciones, de lo contrario la ayuda se considerará aceptada:  Rechazar expresamente la ayuda, presentar alegaciones, aportar un número de cuenta diferente de la cuenta bancaria declarada en la solicitud unificada de 2024.
 
Rodrigo Fernández ha valorado esta ayuda como “una medida necesaria que aporta liquidez inmediata, aunque no compensa la totalidad de las pérdidas sufridas por el sector”. En este sentido, ha insistido en la importancia de contratar seguros agrarios como herramienta clave para afrontar este tipo de riesgos climáticos, recordando que la Junta de Comunidades ha destinado 70 millones de euros en subvenciones para seguros agrarios durante la última década.