También ha advertido que el proyecto contempla una medida de enorme gravedad política, al permitir que el acceso a un cargo público se haga mediante una promesa de respeto a la Constitución y no de guardar fidelidad a esa norma básica como hasta ahora. Para el consejero, "el Gobierno de la nación parece que se ha sometido en este asunto a las presiones de alguna comunidad histórica".

El consejero de Administraciones Públicas, Antonio Pina, afirmó esta mañana que el proyecto de ley del Estatuto Básico de la Función Pública, aprobado hace una semana por Consejo de Ministros, "ha sido una oportunidad histórica perdida por el Gobierno de Aznar para adecuar la gestión de los servicios públicos del país a los retos de modernización que plantea el nuevo siglo".

Pina, en una rueda de prensa celebrada en Toledo, denunció las lagunas importantes que existen en el texto aprobado por el Gobierno y sus repercusiones negativas en Castilla-La Mancha. "El proyecto no aborda los problemas fundamentales de la Administración pública española, especialmente en servicios tan sensibles como son los educativos, sanitarios y los que prestan las corporaciones locales".

El proyecto de ley del Gobierno, que ha sido remitido al Consejo de Estado antes de su tramitación en las Cortes Generales, "ha defraudado -según Pina- las expectativas puestas en esta futura legislación básica para dotar de una gestión eficiente y eficaz a los servicios públicos". Además, desveló que "en el proyecto se han efectuado 64 modificaciones al texto que se consensuó, aunque sin el visto bueno de Castilla-La Mancha, con la mayoría de las comunidades autónomas".

El titular de Administraciones Públicas criticó que "con este proyecto se crearán comunidades de primera y segunda categoría en la Función Pública, al flexibilizarse con criterios subjetivos las retribuciones salariales de los funcionarios, lo que beneficiará a las autonomías más ricas, que se llevarán a los mejores profesionales del sector público, ya que podrán existir, por ejemplo, enormes diferencias en las nóminas de un médico del País Vasco y otro de Castilla-La Mancha".

Para la Junta de Comunidades, además, el proyecto de ley del Estatuto de la Función Pública deja fuera de esta legislación a la mitad de los empleados públicos del país que carecen de la condición de funcionarios, no defiende un modelo de servicio público en Sanidad y Educación y desmotiva a los funcionarios al introducir criterios discrecionales en la concesión de las retribuciones salariales.

Antonio Pina recalcó, por otro lado, que "en el proyecto no tienen en la práctica cabida nuevas titulaciones tan importantes de cara al siglo que viene como son las de informática o las de telecomunicaciones, entre otras, e incluso diplomaturas nuevas relacionadas con el sector público como la de Gestión de Administraciones Públicas, que se imparte de manera pionera en la Universidad de Castilla-La Mancha".

Convicciones democráticas extrañas

El consejero de Administraciones Públicas denunció que en el proyecto se recoge una modificación en la fórmula de jura o promesa en el acceso a un cargo público, que "demuestra convicciones democráticas extrañas de la persona que ha elaborado esta legislación básica para todos los funcionarios españoles".

Pina explicó que "se introduce una nueva fórmula que permite acceder al cargo público con una sola promesa de respeto a la Constitución y no la obligación de guardar fidelidad a la norma básica por excelencia de nuestro país". Para el consejero, "el Gobierno parece que se ha sometido a las presiones de alguna comunidad histórica y tal hecho es de una enorme gravedad política que nos inquieta profundamente".

El consejero de Administraciones Públicas adelantó que el Gobierno regional adoptará una serie de iniciativas para homogeneizar las condiciones de todos los empleados públicos de la Administración autonómica y que revisará la Ley de la Función Pública de 1988 de Castilla-La Mancha.

"Nuestro objetivo es definir en Castilla-La Mancha el modelo de servicio público que queremos en materias tan esenciales como la Educación y la Sanidad, a fin de que no surjan en la región veleidades privatizadoras en estas áreas como ha ocurrido en otras comunidades".