La Consejería de Obras Públicas ha criticado que el Ministerio de Fomento haya puesto en marcha el Programa del año 1999 del Plan de Vivienda 1998-2001 con un considerable retraso.

Desde la Consejería se afirma que en lugar de dedicarse a realizar anuncios engañosos, los responsables del Ministerio deberían agilizar la puesta en marcha del Programa de este año, contenido en el Plan 1998-2001 (aprobado el 12 de junio del año pasado), que al día de hoy aún se encuentra pendiente de la firma de los correspondientes convenios de financiación con las entidades de crédito.

Para los responsables de Obras Públicas, las novedosas actuaciones que con su habitual política de autobombo anunció el pasado lunes el director general de Vivienda del Ministerio, Fernando Nasarre, ya aparecían recogidas en los convenios que las distintas comunidades autónomas firmaron con Fomento el pasado año. En concreto, el convenio con Castilla-La Mancha se firmó el 9 de diciembre de 1998, y recoge puntualmente lo que ahora se pretende vender como novedad.

Por tanto, "este anuncio no hace sino poner de manifiesto lo que ya advirtió esta Consejería de Obras Públicas: el Ministerio de Fomento pretende convertir un Plan Cuatrienal en programas anuales que, además, no comienzan a principios de año, como sería lo normal, sino casi en mayo de cada año, es decir, con cinco meses de retraso".

Según Obras Públicas, "de nuevo sucede lo que ya ocurrió en el año 98, cuando se retrasó la efectividad del Plan hasta bien avanzado el año, lo que, unido al cierre del mismo mucho antes de la culminación del propio ejercicio del 98, supuso una pérdida de objetivos de aproximadamente el 60%".

En 1999, teniendo en cuenta que no se va a abrir la financiación con las entidades de crédito hasta el segundo trimestre del año, resultará difícil, igualmente, realizar las actuaciones previstas en el convenio suscrito con el Ministerio para todo el año 99.

Desde la Consejería se resalta que vuelve a evidenciarse que para "Aznar y su Gobierno, los planes de vivienda en lugar de servir como instrumento prioritario para incidir y regular el sector inmobiliario con el fin de cubrir las necesidades de vivienda de quienes más lo necesitan y de potenciar la construcción de viviendas de Protección Oficial con la consiguiente bajada de los precios de la vivienda, vuelven a relegarse a un segundo plano con tal de atender a lo que es objetivo prioritario de su Gobierno: la contención a toda costa del gasto público, aunque ello suponga renunciar a una verdadera política social en materia de vivienda".