El director general de Función Pública, Ricardo Navarro, dio a conocer el acuerdo que la Administración regional ha firmado con una aseguradora para atender los accidentes laborales y las revisiones médicas de su personal en la provincia.

El director general de Función Pública, Ricardo Navarro, afirmó hoy en Ciudad Real que el nuevo Estatuto Básico de la Función Pública suscrito ayer por el Gobierno central y sindicatos "no va a solucionar nada, porque no perfecciona la función pública del futuro y generará agravios comparativos al hacer posible que funcionarios con la misma categoría profesional cobren sueldos distintos en función de la comunidad autónoma en la que trabajen".

Navarro, que abogó por una Administración Pública incardinada dentro de un Estado social, señaló que Castilla-La Mancha y el País Vasco han sido las únicas comunidades autónomas que se han opuesto al texto del nuevo estatuto, aunque por razones distintas, y aseguró que "después de diecinueve meses de reuniones, lo único que se ha conseguido es una compilación de textos que ya existían".

El director general de la Función Pública de la Junta de Comunidades hacía estas manifestaciones durante la presentación del acuerdo que la Administración regional ha firmado con Asepeyo para atender los accidentes laborales y para efectuar las revisiones médicas de los 3.500 trabajadores de la Junta en la provincia de Ciudad Real.

Dicho convenio es análogo al suscrito con Fremap para el personal de la Administración regional en Guadalajara, Cuenca y Albacete y al que se ha firmado para los trabajadores de Toledo con Solimad.

Estos acuerdos se enmarcan dentro del Plan de Prevención de Riesgos Laborales puesto en marcha por el Gobierno regional el año pasado y que trajo consigo la creación de un Comité regional de Seguridad y Salud Laboral y de los consiguientes comités provinciales, en los que están representados los agentes sociales.

Navarro, que asistió hoy a la reunión del Comité de Ciudad Real para informar del acuerdo con Asepeyo, señaló que sus miembros se mostraron totalmente dispuestos a colaborar para llevar adelante los programas de prevención y las revisiones médicas porque, como señaló el director general, "la salud y la seguridad laboral de los 12.200 trabajadores de la Administración regional son un valor estratégico de primer orden porque, además de ser un derecho que les corresponde, pensamos que contribuirá a que puedan desarrollar mejor su trabajo".

En este sentido, el Comité provincial de Salud y Seguridad Laboral acordó convocar una reunión con los secretarios de las delegaciones de la Junta de Comunidades para diseñar el mapa de riesgos de la provincia en función de las áreas de trabajo y las especialidades del personal. Esta reunión se celebrarán antes del 1 de marzo, día en el que entra en vigor el convenio con Asepeyo.

Asimismo, se aprovechará lo que resta del mes de febrero para informar a los trabajadores de las nuevas prestaciones asistenciales.