La consejera de Trabajo y Empleo, María Luz Rodríguez, ha señalado hoy en Madrid, durante la jornada “Plan de Acción para la garantía de la igualdad en las empresas” celebrada en la Escuela de Organización Industrial, que “tenemos que avanzar en la corresponsabilidad entre hombres y mujeres”.

A este respecto, y tras poner en valor el Plan Regional de Conciliación de la Vida Laboral, Personal y Familiar, Rodríguez ha asegurado que “los derechos de conciliación no son derechos de las mujeres, sino de los trabajadores y trabajadoras”.

En estas jornadas se ha debatido acerca de la implantación y desarrollo de la Ley de Igualdad en las empresas. En esta línea la consejera ha recordado que todavía existen diferencias entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo tanto para su acceso como para mantenerse o para proyectarse profesionalmente.

Ante estas situaciones, María Luz Rodríguez ha afirmado que la Ley de Igualdad pretende incidir directamente en la realidad social para que se alcance la igualdad real entre ambos sexos; “esta ley va a derribar todos los obstáculos que impidan ser a las mujeres exactamente iguales que los hombres, va a eliminar cualquier tipo de discriminación y a erradicar de nuestra sociedad prejuicios y estereotipos que nunca debieron existir”, ha aseverado.

Del mismo modo, la titular de Trabajo y Empleo ha añadido que la Ley de Igualdad ha colocado a España a la cabeza en la igualdad entre hombres y mujeres, y ha incidido en que se trata de una ley transversal que quiere llevar la igualdad a todo orden vital y, por lo tanto, también quiere introducir la igualdad en la empresa.

“No estamos pidiendo a los empresarios que prescindan de los principios de mérito y capacidad, o de los objetivos de eficiencia y competitividad, sino que los animamos a que los apliquen hasta sus últimas consecuencias sin que se vean enturbiados por cuestiones relacionadas con el sexo de las personas”, ha expresado Rodríguez.

Finalmente, la consejera ha recordado que la igualdad es igualdad además de un imperativo constitucional y de justicia social, es también un elemento de mejora de la productividad, como lo demuestra que aquellos países con mayor implantación de medidas de igualdad también encabezan las clasificaciones de competitividad.