El director general de Consumo aprovechó la última reunión del año de este órgano consultivo para informar a sus miembros de la postura del Gobierno regional ante el sistema de financiación sanitaria elaborado por el Ejecutivo central, así como de los motivos que han llevado a la comunidad autónoma a solicitar las transferencias sanitarias.

A modo de balance de lo que ha sido el trabajo realizado por el Consejo Regional de Consumo durante 1997, el director general de Consumo, Carlos Macía, destacó hoy en Toledo la unanimidad que ha presidido la aprobación de todos los proyectos elaborados en el seno del Consejo durante este año y que han permitido el desarrollo de una norma tan importe para la comunidad autónoma como es el Estatuto del Consumidor de Castilla-La Mancha.

Por ello, Macía afirmó, antes del comienzo de la última reunión que este órgano consultivo mantendrá en el 97, que se ha realizado un trabajo muy técnico, ya que "el seno del Consejo se ha dedicado prácticamente a elaborar borradores de proyectos, tanto para el desarrollo del Estatuto del Consumidor, como de normas de carácter nacional que después tienen su aplicación en el ámbito de las comunidades autónomas".

Como órgano en el que están representados todos los sectores de la región, es decir, empresarios, consumidores, cooperativas de consumo y las administraciones autonómica y municipal, Carlos Macía considera que el Consejo Regional de Consumo debe tender a que, a la larga, los temas abordados giren en torno a los asuntos de importancia que afecten a los castellano-manchegos como consumidores y usuarios.

Uno de estos grandes temas es, sin duda, la financiación de la Sanidad y la solicitud de las competencias en materia sanitaria por parte del Gobierno regional al central, asunto sobre el que ha informado hoy el director general a los miembros del Consejo, con el fin de que conozcan la postura del Ejecutivo autónomo en torno a esta cuestión.

Además, durante la reunión se abordaron diversos decretos para su dictamen como es el de reparación del calzado; el de explotación de equipos terminales excluidos del servicio telefónico; y el de regulación sobre fecha de consumo preferente sobrepasado.

También, se abordaron dos nuevos decretos, que se estudiarán durante 1998, que son el de información sobre precios y el de centros privados donde se imparten enseñanzas no académicas.