LAMATA: "EN MURCIA Y VALENCIA SABEN QUE EL TRASVASE TAJO-SEGURA TIENE FECHA DE CADUCIDAD Y ESTÁN A LA DEFENSIVA"
El vicepresidente primero del Gobierno regional subrayó que los presidentes de Murcia y Valencia, Ramón Luis Valcárcel y Francisco Camps, están inquietos al escuchar razones de mucho peso desde Castilla-La Mancha y el tiempo se les está agotando, en relación a la caducidad del trasvase Tajo-Segura.
El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, calificó hoy de actitud defensiva y novedosa la declaración realizada ayer por los presidentes de Murcia y de la Comunidad Valenciana, Ramón Luis Valcárcel y Francisco Camps, durante la celebración de unas jornadas sobre la ordenación jurídica del trasvase Tajo-Segura.
Lamata, a preguntas de los medios de comunicación durante la rueda de prensa para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno, apuntó que los ejecutivos de Murcia y Valencia están inquietos al escuchar razones de mucho peso desde Castilla-La Mancha y el tiempo se les está agotando, en relación a la caducidad del trasvase.
A juicio del vicepresidente estas declaraciones suponen una señal positiva porque da la impresión de que se están preparando para pedir reparaciones cuando se deje de utilizar el trasvase. El portavoz del Ejecutivo autonómico también cree que Murcia y la Comunidad Valenciana están buscando los derechos que les asisten para pedir compensaciones futuras al Gobierno de España.
Sobre el debate político actual en torno a esta infraestructura hidráulica, Lamata recalcó que saben que Castilla-La Mancha tiene razón, saben que necesitamos el agua del Tajo, saben que el trasvase Tajo-Segura no se hubiera hecho si hubieran existido las autonomías en aquel momento y saben que el acueducto tiene fecha de caducidad.
Lamata también remarcó la posibilidad de que el trasvase Tajo-Segura deje de funcionar antes de su fecha de caducidad en el año 2015, tal y como está contemplado en la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.
Entre los argumentos esgrimidos por el Gobierno de Castilla-La Mancha para acabar con el trasvase, el vicepresidente primero aseguró que la razón principal es la que ellos argumentan; la aplicación estricta de Ley, refiriéndose también a las jornadas sobre la ordenación jurídica del trasvase realizadas en Murcia.
El portavoz del Ejecutivo castellano-manchego explicó que la Ley dictamina el derecho y la prioridad que tiene la cuenca cedente sobre la cuenca receptora.
Otra de las razones expuestas por Lamata, en este sentido, es la necesidad creciente que existe en Castilla-La Mancha de utilización del agua del Tajo debido al aumento población. Vamos a ser más personas, vamos a trabajar con más industrias, vamos a tener más desarrollo y hay que garantizar los ecosistemas, indicó.
Tras la exposición de estos argumentos, el vicepresidente primero hizo hincapié en que el Gobierno de Castilla-La Mancha trabaja en la buena dirección y las razones que argumentamos tienen cada vez más peso, en relación a la política hidrológica.
Otra de las conclusiones importantes que el Gobierno regional extrae de las declaraciones realizadas por Valcárcel y Camps, es la necesidad de que se sigan construyendo alternativas al trasvase, como es el caso de las desalinizadoras.
Además, Lamata reiteró que la cogestión del río Guadalquivir por parte de la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, va en la línea defendida por el presidente Barreda en los foros y conferencias sectoriales.
Finalmente, el vicepresidente primero del Gobierno regional recordó el esfuerzo que se está realizando para preservar el río Tajo, de modo que sea una río vivo y que se cumpla con las directrices europeas.
Acuerdo del Consejo en materia de agua
El Consejo de Gobierno acordó ayer encargar a la entidad pública Aguas de Castilla-La Mancha la cofinanciación y gestión de la explotación de las obras de ampliación y mejora del abastecimiento a las Mancomunidades de El Girasol y El Algodor, y la explotación de las obras de infraestructura de abastecimiento del Sistema Alberche, en las provincias de Toledo y Cuenca.
El vicepresidente primero, Fernando Lamata recordó que los dos acuerdos suman unas inversiones de 69 millones de euros y que beneficiarán a cerca de 200.000 habitantes de estas dos provincias.
Lamata aseguró que estos dos acuerdos son un ejemplo de que se va ejecutando el programa AGUA suscrito con el Ministerio de Medio Ambiente. Paso a paso se están desarrollando estas infraestructuras para mejorar la calidad de los abastecimiento e ir haciendo frente al aumento de población y de utilización de los servicios, añadió.