Toledo, 16 de noviembre de 2016.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde al pago de 6,5 millones de euros a los ayuntamientos acogidos a la segunda convocatoria del Plan Extraordinario por el Empleo, también conocida como Plan Enlace, destinada a la contratación de personas desempleadas que hayan agotado su prestación contributiva, según ha anunciado hoy el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, en la rueda de prensa que ha ofrecido para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno.
 
En total, el Gobierno regional ha aprobado un total de 562 proyectos presentados por 483 ayuntamientos que supondrán la contratación de 1.444 personas. Los contratos a formalizar tendrán una duración de seis meses y serán de jornada completa, y se añadirán a los cerca de 12.000 de la primera convocatoria destinada a ayuntamientos y diputaciones que ya se han materializado “dentro de un Plan que, sumando todas sus modalidades, ya ha dado una oportunidad de trabajo a casi 20.000 personas”, ha subrayado Hernando.
 
Entre las novedades del Plan Enlace, que también se incluirá en la convocatoria de 2017, destaca que la financiación se realizará con fondos propios del Gobierno regional y no, como en la primera convocatoria, con aportaciones complementarias de las diputaciones. También se facilita la incorporación de los autónomos, reduciendo de 24 a 12 meses el tiempo sin ocupación en el último año y medio antes de la convocatoria siempre y cuando hayan agotado la prestación por cese de actividad o una prestación contributiva en el momento del registro de la oferta.
 
Asimismo, las personas con discapacidad sólo tendrán que acreditar no estar ocupados en la fecha de registro de la oferta. De igual modo, se introduce un apartado nuevo que permite a las entidades locales reservar un porcentaje máximo del 15 por ciento para aquellos desempleados que cuenten con un informe favorable de los servicios sociales en el que se acredite la emergencia de su situación y para parados de larga duración a los que la crisis les haya impedido acceder aún a un puesto de trabajo, es decir, principalmente jóvenes.
 
Hernando también ha destacado que los ayuntamientos podrán utilizar los listados de personas seleccionadas y no contratadas en el proceso selectivo llevado a cabo en la primera convocatoria siempre que no haya solicitudes nuevas y los candidatos reúnan los requisitos.
 
Más presupuesto para formación de personas desempleadas y ocupadas
 
También materia de formación y empleo, el Gobierno regional ha aprobado destinar 6,5 millones de euros a la formación para personas desempleadas y también ocupadas, de las que podrán beneficiarse alrededor de 11.500 alumnos de Castilla-La Mancha.
 
“Nuestro objetivo es ofrecer formación que permita la mejora de la productividad y de la competitividad, así como una mejor adaptación a las necesidades del sistema productivo y una mejora en la empleabilidad de los alumnos a través de alrededor de 640 cursos”, ha señalado Nacho Hernando, que ha explicado que se pondrán en marcha cuatro líneas de formación.
 
La primera de estas líneas permitirá realizar planes de formación compuestos por acciones formativas dirigidas a la adquisición de competencias transversales a varios sectores de la actividad económica o competencias específicas de un sector para el reciclaje y recualificación de los trabajadores de otros sectores, incluida la formación dirigida a la capacitación para la realización de funciones.
 
También se llevarán a cabo planes de formación intersectoriales dirigidos específicamente a colectivos de trabajadores autónomos, a colectivos de trabajadores y trabajadoras y socios y socias de la economía social, y planes de formación integrados por acciones formativas vinculadas a la obtención de certificados de profesionalidad.
 
En la concesión de estas ayudas, el Gobierno regional tendrá en cuenta como colectivos prioritarios a las mujeres mayores de 45 años, personas con discapacidad y víctimas del terrorismo y de la violencia de género, todas ellas con independencia de su situación laboral. También se dará prioridad a las personas trabajadoras ocupadas pertenecientes a colectivos de sectores en crisis o en reconversión, de pequeñas y medianas empresas y con baja cualificación.
 
Asimismo, se consideran colectivos prioritarios las personas trabajadoras desempleadas pertenecientes de larga duración, trabajadores y trabajadoras poco cualificados, jóvenes –especialmente aquellos que hayan abandonado el sistema educativo de forma temprana- y personas en riesgo de exclusión social. Por último, y teniendo en cuenta los compromisos adquiridos por España relativos al acogimiento de refugiados, las personas acogidas a este programa podrán incluirse como colectivo prioritario.
 
Apoyo a los programas InnoCámaras y TICCámaras
 
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto para colaborar con una aportación de casi 87.000 euros a las Cámaras de Comercio en el desarrollo de dos programas, InnoCámaras y TICCámaras, para mejorar la competitividad de las empresas de Castilla-La Mancha.
 
Así, el Programa InnoCámaras ofrece un análisis exhaustivo de la empresa y sus posibilidades de mejora en el contexto de su entorno económico y de mercado, así como proporcionar recomendaciones de mejora basadas en la implantación de algún proyecto de innovación para mejorar su situación competitiva.
 
Por su parte, el Programa TICCámaras también realiza un análisis exhaustivo de la empresa, pero en este caso del nivel de digitalización, así como sus posibilidades de mejora y ofrece una serie de consejos para poner en marcha soluciones relacionadas mediante herramientas de productividad y gestión empresarial en la nube, comercio electrónico y marketing digital.
 
El portavoz ha recordado que “no solamente el Instituto de Estudios Económicos sitúa a Castilla-La Mancha como una de las cuatro regiones que más empleo ha creado en términos interanuales con un ritmo del 5,2 por ciento en 2015, por encima de la media nacional”, sino que “nuestra tasa de creación de empresas triplica a la media nacional”, con 3.638 sociedades mercantiles desde el mes de julio del año 2015.
 
Además, ha añadido otro dato cualitativo positivo, “y es que el índice de confianza empresarial creció un 1,5 por ciento en Castilla-La Mancha en el último trimestre de 2016”. “Estamos en un proceso de crecimiento económico y de generación de empleo en Castilla-La Mancha”, como también han reconocido las propias organizaciones empresariales, y a través de estas medidas, “queremos apuntalar el crecimiento mejorando la competitividad y la productividad, y no queremos un crecimiento a costa de una devaluación de los salarios”.
 
Análisis previo de la futura Ley de Zonas Prioritarias
 
Por último, el Consejo de Gobierno realizó ayer un análisis previo del primer borrador de la Ley de Zonas Prioritarias, una norma que, en palabras del portavoz, “responde a la intención de paliar los efectos de la crisis económica allí donde por las características de su tejido socioeconómico o por sus condiciones naturales la han sufrido de una manera más virulenta o se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad a la hora de afrontar la recuperación económica”.
 
Hernando ha defendido la necesidad de establecer una “discriminación positiva” para impulsar inversiones empresariales y establecer un apoyo integral a aquellos que generen oportunidades de empleo, de manera que “todos sean protagonistas de la recuperación económica y que, bajo ningún concepto, permitamos un modelo de recuperación en el cual unos crezcan a costa o ignorando a otros”.
 
“Esta será una ley en la que se va a volcar todo el Ejecutivo regional y no sólo la Consejería de Economía, Empresas y Empleo”, ha aclarado el portavoz, que ha señalado que a partir de este momento se llevarán a cabo reuniones de trabajo entre diversas consejerías para aportar una respuesta “global y unificada”. Además, y de forma paralela, se someterá este borrador a la participación pública.
 
En este sentido, Nacho Hernando también ha valorado la decisión de la Comisión Europea de no congelar los fondos europeos a nuestro país, y ha defendido que “si tiene que venir algún ajuste, ese ajuste lo tendrá que asumir el Estado, y no la educación, la sanidad o los servicios sociales de ningún castellano-manchego”.