La política fiscal del Gobierno regional irá destinada a beneficiar a los que menos capacidad económica tienen
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha resaltado que el Gobierno del presidente García-Page pretende “gravar más a quien más tiene” y la mayor recaudación que se obtiene destinarla a “mejorar el Estado de bienestar, que beneficia a quien menos tiene”.
El responsable de Hacienda y Administraciones Públicas ha señalado también que con la modificación que se va a llevar a cabo en el impuesto de Sucesiones, de cada 1.000 declaraciones por herencia, sólo pagarán 20 este tributo, mientras que con el anterior Gobierno de cada 1.000 declaraciones por herencia, pagaban 1.000.
Toledo, 11 de febrero de 2016.- El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha explicado hoy que la política fiscal del Gobierno de Castilla-La Mancha se basa en exigir un poco más a quien más puede pagar para dar mucho más a quienes más lo necesitan.
En un debate general sobre la presión fiscal en el pleno de las Cortes regionales, Ruiz Molina ha resaltado que la política tributaria del Gobierno de Emiliano García-Page es justamente la contraria a la llevada a cabo por el anterior Ejecutivo, ya que la que se ejerció durante los últimos cuatro años aumentó la desigualdad.
El actual Gobierno autonómico, ha resaltado el consejero de Hacienda, pretende “gravar más a quien más tiene” y la mayor recaudación que se obtiene destinarla a “mejorar el Estado de bienestar, que beneficia a quien menos tiene”.
Ruiz Molina ha comenzado su intervención destacando que con el Gobierno de García-Page se baja la presión fiscal en Castilla-La Mancha, “poniendo punto final a la política tributaria regresiva del anterior Gobierno e implementando por primera vez, tras los últimos cuatro años, un modelo más progresivo en materia de tributos”.
“El Gobierno de García-Page apuesta por una política tributaria basada en la equidad y en la progresividad, es decir, que cada ciudadano contribuya al sostenimiento de las cargas públicas según su capacidad económica y que los ingresos que se generen financien unos servicios públicos dignos y adecuados a las necesidades sociales de la región y promuevan el crecimiento económico a fin de generar más riqueza y más empleo”, ha explicado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas.
Una política tributaria basada en la equidad y la progresividad
La política tributaria del Ejecutivo regional se basa en cuatro ejes: la modificación de la Ley de Tasas, la modificación del impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, la modificación del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y la no modificación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del impuesto sobre Patrimonio.
Respecto a la modificación de la Ley de Tasas, Ruiz Molina ha destacado que “trata de cerrar las profundas heridas que en materia impositiva aplicó el anterior Gobierno a los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables”. Así, se suprimirán 30 tasas, entre las que se encuentran las que gravaban a los dependientes; se establecerán exenciones en 19 tasas para las personas a las que se les debe una mayor protección, como son, por ejemplo, las personas desempleadas y las familias numerosas, y se modificarán 10 tasas para eliminar carga burocrática. El resto de las tasas que quedan en vigor se congelarán.
La modificación del impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es el mejor ejemplo de la progresividad fiscal que el Gobierno regional quiere implementar en Castilla-La Mancha, de tal modo que en el caso de las sucesiones, las herencias, se va a elevar la bonificación del 95% al 100% para bases liquidables inferiores a 175.000 euros.
Esto supondrá, ha destacado Ruiz Molina, que el 98% de los ciudadanos que reciban una herencia quedarán exentos del pago al aplicarse una bonificación del 100%, mientras que con el anterior Ejecutivo “pagaban todos los contribuyentes”, independientemente del valor de la herencia que recibieran. Otro 1% de los ciudadanos que reciban una herencia seguirá pagando lo mismo y sólo el 1% restante, los que reciben herencias económicamente elevadas, verá incrementando este impuesto.
De esta forma, de cada 1.000 declaraciones por herencia sólo pagarán 20 el impuesto de Sucesiones, mientras que con el anterior Gobierno de cada 1.000 declaraciones por herencia pagaban 1.000, beneficiando así a las grandes herencias, ya que tenían la misma bonificación que las pequeñas.
En relación con el impuesto de Donaciones, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha indicado que con las modificaciones que se van a introducir el 96% de la población, que son los que reciben donaciones inferiores a 120.000 euros, seguirán pagando exactamente lo mismo. Sólo el 4% pagará más porque se establecerán tramos de reducción de la bonificación hasta alcanzar el 80% para las grandes donaciones.
Sobre el impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, considerando que Castilla-La Mancha es la Comunidad Autónoma que presenta los tipos más bajos y siguiendo las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Ruiz Molina ha señalado que se va disminuir el tipo reducido, que es el que se paga por transmitir la vivienda habitual siempre que sea inferior a 180.000 euros, pasando del 7% al 6%. Por otro lado, en relación con este impuesto, se va a incrementar un punto el tipo general, del 8% al 9%.
Frente a la política fiscal que está poniendo en marcha el Ejecutivo regional, el consejero de Hacienda ha situado la que realizó el anterior Gobierno, que rebajó el tramo autonómico del IRPF, reducción que afecta sólo a 3 de cada 10 ciudadanos mayores de 16 años, que son los que tienen mayor capacidad económica, pero no a los parados, a los pensionistas, a los mileuristas.
Por otra parte, se pusieron en marcha los mayores recortes en el Estado de bienestar de toda España, de lo que los parados, pensionistas y mileuristas son los principales perjudicados. Y, por último, en la anterior legislatura se aumentaron los impuestos que se pagan con independencia de la situación económica de los ciudadanos, como el IVA, las tasas, el copago sanitario, y que son abonados por todos los ciudadanos, también por los parados, los pensionistas y los mileuristas.
Así, ha concluido Ruiz Molina, el Gobierno de Emiliano García-Page defiende un sistema tributario en el que verdaderamente se pague en función de la capacidad económica.
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El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, comparece ante el Pleno de las Cortes regionales
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