El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó en su reunión de ayer el proyecto de Ley de Montes y Gestión Forestal Sostenible de la región, una normativa que como explicado hoy el consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, José Luis Martínez Guijarro, responde al compromiso del Ejecutivo castellano-manchego de dotar de mecanismos e instrumentos legales a la Administración con la finalidad de proteger y conservar los valores naturales y el aprovechamiento de los recursos de nuestros montes de una forma sostenible, teniendo en cuenta la función social que pueden cumplir.

El consejero, que acompañó hoy al vicepresidente primero y portavoz Fernando Lamata en la rueda de prensa para explicar los acuerdos del Consejo de Gobierno, manifestó que “este proyecto de Ley, que completa la Ley básica estatal de 2006 y la desarrolla en la Comunidad Autónoma, recoge tres objetivos fundamentales: la gestión forestal sostenible, las nuevas categorías de montes y la lucha contra los incendios forestales”.

Para Martínez Guijarro “la gestión forestal sostenible es el aspecto de mayor trascendencia, pues de ella dependerá no solo la persistencia de nuestros montes, sino que es base para el adecuado desarrollo y la estabilidad de la población del medio rural”.

Así a través de la Consejería se impulsará técnica y económicamente la ordenación de todos los montes de la región que deberán contar con un Plan de Ordenación de los Recursos Forestales (PORF), es decir un instrumento que marcará las directrices de carácter territorial para garantizar una correcta gestión forestal sostenible.

Hay que tener en cuenta que de la superficie forestal de Castilla-La Mancha asciende a 3,6 millones de hectáreas (cerca del 45% de su territorio) de las cuales el 70% corresponde a montes de titularidad privada y el 30% en régimen de utilidad pública. Aproximadamente tres cuartas partes de ese total, 2,7 millones de hectáreas, corresponden a monte arbolado. “Con esta Ley vamos a incentivar a los propietarios para que estos instrumentos de gestión sean implantados en cada uno de los montes” aseguró.

Por lo que respecta a las nuevas categorías de montes, tanto públicos como privados, establece regímenes que garanticen la conservación de sus potencialidades, incidiendo en su protección y dándoles prioridad en la concesión de ayudas públicas para la gestión forestal. Además incorpora una nueva figura como son los montes singulares, es decir, aquellos que por sus especiales valores ambientales merezcan algún tipo de protección.

También se incorpora la posibilidad de incentivar la certificación forestal, con el objeto de garantizar que la madera de nuestros montes sea tratada y gestionada de forma sostenible. Un aspecto que será impulsado además en la adquisición de madera en los concursos públicos. Igualmente se potenciará la biomasa forestal como un nuevo aprovechamiento de nuestros montes y como nueva fuente de energía renovable.

En cuanto a la lucha contra los incendios forestales, la Ley viene a ratificar la prohibición de proceder al cambio de uso forestal del terreno afectado por un incendio, al menos durante 30 años. Además se regulan las bases para la restauración de los terrenos afectados y se presta especial atención a aquellas zonas que sean declaradas de alto riesgo mediante el establecimiento de planes de defensa contra incendios.

También se hace especial hincapié en las medidas preventivas, la investigación de causas, la dotación en infraestructuras de prevención y los trabajos de selvicultura preventiva. Y se prevé impartir cursos de formación cuya superación será exigible a quienes integren los servicios de extinción.

Además este proyecto de Ley establece que los agentes medioambientales, como agentes de autoridad, podrán entrar libremente en cualquier momento y sin previo aviso en todos los montes públicos o privados y proceder a practicar cualquier diligencia de investigación o prueba que consideren necesaria.

Asimismo recoge medidas de lucha contra la erosión para lo cual serán dos planes los fundamentales: el Plan de reforestación de tierras agrarias tradicional con el compromiso de planta 20 millones de árboles y, por otra parte, el Programa de reforestación incluido en el Plan Especial del Alto Guadiana, que contribuirá también a la recuperación de los acuíferos.

El sector forestal en la región

Según el V Estudio de inversión y empleo en el sector forestal, la inversión pública total en España durante el año 2006 en el sector forestal supera los 1.200 millones de euros. En total en nuestra región, se invirtieron más de 111 millones de euros en 2006.

En Castilla-La Mancha, la inversión en el sector forestal respecto al total de la inversión propia fue del 7,24%, siendo la Comunidad Autónoma de España que presenta un mayor porcentaje.

En cuanto a la contratación de empleo en el sector forestal, en nuestra región se registraron cerca de 2.800 contratos. Por último reseñar que en el sector forestal privado de nuestra región existen en la actualidad más de 2.200 empresas dedicadas a la transformación de productos forestales.