El presidente de la Asociación de Productores de Caza de Castilla-La Mancha (APROCA), Ricardo Ayala, ha ofrecido la experiencia y los recursos del colectivo al que representa al presidente regional, José María Barreda, con objeto, según Ayala, de que “podamos encontrar la vía que nos ayude a defender y preservar la fauna silvestre de Castilla-La Mancha y su hábitat”.

Este ofrecimiento lo realizó Ayala en el transcurso de una reunión que esta mañana ha mantenido la junta directiva de APROCA con el presidente regional y que se enmarca, según ha argumentado Ayala, en el deseo de consolidar su colaboración con la Administración regional.

Instantes antes de reunirse con el presidente de Castilla-La Mancha, Ricardo Ayala recibió su felicitación por haber sido distinguido con el Premio Carlos III, el máximo galardón que concede la Real Federación Española de Caza por méritos en la defensa de la actividad cinegética.

La Asociación de Productores de Caza de Castilla-La Mancha tuvo su origen, en el año 1983, en unas jornadas de caza organizadas por la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades, que entre sus conclusiones instaba a los productores de especies cinegéticas a que se agruparan para conseguir una mejor defensa de sus intereses.

Al amparo de APROCA han surgido asociaciones similares en Andalucía, Extremadura, Galicia y Madrid. En coordinación con todas ellas se está trabajando en la creación de la Federación APROCA España.

APROCA cuenta con unos 400 afiliados, entre usuarios y propietarios de terrenos cinegéticos pertenecientes a la Comunidad Autónoma. Estos cotos son muy importantes para el sector cinegético, ya que en ellos se encuentran su hábitat y alimento numerosas especies amenazadas.

Entre los objetivos principales de esta Asociación, figura que se reconozca a la caza y a las especies cinegéticas como bienes agropecuarios y fuente de riqueza agrícola en Castilla-La Mancha. Del mismo modo, contribuyen a la defensa de la utilización racional de los recursos naturales y colaboran con la Administración del Estado y de Castilla-La Mancha en la ordenación y regulación de cuantas actividades, de diversa naturaleza, puedan afectar a los intereses cinegéticos.