La Consejería de Administraciones Públicas desarrollará en los próximos meses unas Jornadas Interadministrativas en las cinco capitales de provincia con un doble objetivo, por un lado dar a conocer el nuevo Estatuto Básico del Empleado Público y, por otro, comenzar a trabajar en la confección de una futura Ley del Empleado Público que adapte el texto estatal a la realidad de Castilla-La Mancha.

Así lo anunció hoy la titular de este Departamento, Llanos Castellanos, en la presentación de estas jornadas, cuyos principales destinatarios son los aproximadamente 122.000 empleados públicos que existen en la Comunidad Autónoma: 66.000 pertenecientes a la Junta de Comunidades, 18.000 de la Administración General del Estado y 38.000 de las entidades locales.

La aprobación ayer por parte del Congreso de los Diputados del Estatuto Básico del Empleado Público supone “otra manera de entender al personal al servicio de las administraciones públicas”, indicó Castellanos, con un nuevo marco jurídico de derechos y deberes para los empleados públicos, “categoría única” que sirve para superar la tradicional distinción entre funcionarios y laborales.

Es precisamente la explicación de este Estatuto y cómo incide en los empleados públicos de la región, su forma de trabajar y la valoración que de ésta se hace, uno de los objetivos de estas jornadas, dirigidas al personal de las tres administraciones existentes en Castilla-La Mancha.

“Pero no nos queremos quedar ahí”, apuntó la consejera, ya que una vez que el Estado ha aprobado esta normativa básica “es obligación de las comunidades autónomas el desarrollarla en nuestras administraciones de una manera detallada”.

Por ello, agregó, es el momento de iniciar los trabajos para confeccionar una nueva Ley del Empleado Público que se quiere hacer “de la mano de todos”, por lo que en su elaboración se contará con los grupos parlamentarios de las Cortes autonómicas, los sindicatos más representativos, la Universidad, la Administración y los propios empleados públicos.

Se trata de dotar a Castilla-La Mancha de un texto “con el mayor consenso y solidez posibles”, una herramienta de trabajo con vocación de permanencia y fijeza que marque el desarrollo de una Administración “madura y llena de competencias”, cuyo principal activo es el personal que presta servicio a los ciudadanos.

Entre las novedades que plantea el Estatuto Básico, que se analizarán en las jornadas y que deberán trasladarse a la futura Ley regional, Castellanos señaló el hecho de que se reconozcan los derechos y deberes de los empleados públicos, incluida la Negociación Colectiva.

Otro aspecto destacado es la creación de la figura del directivo público, que debe surgir de entre los propios empleados de la Administración gracias a combinar la formación previa con habilidades gerenciales y predirectivas, formando profesionales “en la cúspide de la Administración” capaces de innovar y promover modelos de gestión eficientes.

Finalmente Castellanos señaló la importancia de introducir una evaluación del desempeño acorde a criterios objetivos en los que todas las partes estén de acuerdo, así como nuevas formas de acceso a la Administración, “más adecuadas a la realidad social del momento”.

En estas jornadas -donde colaboran la Administración General del Estado y la Federación de Municipios y Provincias- intervendrán ponentes de primer nivel tanto de la región como a nivel nacional, celebrándose en Toledo los días 11, 12 y 13 de abril; en Albacete el 23 y 24 de abril; Ciudad Real 7 y 8 de mayo, Cuenca 21 y 22 de mayo y Guadalajara 11 y 12 de junio.

En la rueda de prensa de presentación de las jornadas estuvieron presentes el director general de Función Pública, Luis Felipe García-Calvo, y el director de la Escuela de Administración Regional, Juan Miguel Jiménez.