La consejería de Industria y Trabajo ha reclamado hoy, junto a las diputaciones provinciales de Ciudad Real, Cuenca, Albacete y Guadalajara el traspaso del 51% del accionariado de Sodicaman a Castilla-La Mancha.

La consejera de Industria y Trabajo, Araceli Muñoz, ha denunciado hoy la actual situación de la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha (Sodicaman), a la que ha calificado de “inoperante e instrumento inútil para los empresarios de Castilla-La Mancha y quienes deseen invertir en esta Región, en las actuales condiciones”.

Estas declaraciones han sido ratificadas, también, por los representantes de las diputaciones provinciales de Cuenca, Albacete, Ciudad Real y Guadalajara, durante la comparecencia ante los medios de comunicación.

Muñoz ha criticado la actitud del Gobierno del PP, primero con Piqué y después con Montoro, a quienes el Gobierno de Castilla-La Mancha viene reclamando, desde 1996, el traspaso del 51% de las acciones que están en manos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y que, según la consejera de Industria y Trabajo, “no es el mejor modo de propiciar el desarrollo industrial de Castilla-La Mancha”.

Araceli Muñoz ha denunciado el incumplimiento, por parte del Gobierno central y de la SEPI, del Real Decreto 294/ 94 que, a la vista del mayor protagonismo de las comunidades autónomas en el panorama nacional del momento, propició la posibilidad de una gestión autonómica de este tipo de sociedades de capital riesgo. Un incumplimiento al que se suma otro y que se refiere a una Proposición No de Ley aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados, el 17 de diciembre de 1997, por la que se acordaba impulsar la venta del 51% del SEPI en Sodicaman, siempre de acuerdo con el Gobierno de Castilla-La Mancha.

La titular de Industria y Trabajo ha criticado también la “inoperancia y total paralización de Sodicaman”, cuya cartera de empresas participadas, desde 1996, asciende a 23 proyectos empresariales para la región, es decir menos de cuatro cada año.

Una situación que se agravó durante el pasado año 2001, debido a los constantes e irregulares cambios en la presidencia de la sociedad. Muñoz ha explicado que el nombramiento de Alberto López Sáez como presidente de Sodicaman y su renuncia, 72 horas después, paralizaron el funcionamiento de la sociedad. La posterior convocatoria de un irregular Consejo de Administración de Sodicaman, el pasado 19 de diciembre, en el que se nombró nuevo presidente de la sociedad a Javier Goizueta es “nula de pleno derecho”. En este sentido, Araceli Muñoz ha anunciado la interposición de una demanda ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guadalajara, sede de Sodicaman.

Araceli Muñoz ha mostrado su preocupación y malestar por la actitud del Gobierno de Aznar, así como del Ministerio de Hacienda y la SEPI, con su presidente Ignacio Ruiz-Jarabo al frente, que, en su opinión, “están utilizando a Sodicaman para colocar a personas y a amigos a los que supuestamente se debe algún favor por parte de quien los nombra. Esto - añade Muñoz - aboca a que, a día de hoy, los proyectos empresariales de Castilla-La Mancha que deberían contar con un instrumento de desarrollo y dinamización económica como es Sodicaman estén bloqueados y sean inútiles para nuestros empresarios”.

No obstante, Muñoz ha dejado claro que Castilla-La Mancha sigue estando abierta a posibles negociaciones para el traspaso del 51% de las acciones como ya ocurriera con el acuerdo verbal al que se llegó con el anterior presidente de SEPI, Pedro Ferreras, para comprar dicho paquete por valor de más de 4 millones de euros.

En este sentido, Muñoz, ha calificado la actitud del nuevo presidente de SEPI, Ignacio Ruiz Jarabo, de “situación lamentable en la que SEPI usa el rodillo de su mayoría absoluta”, creando, además, “un agravio comparativo con otras comunidades autónomas como Galicia, Castilla y León y Canarias a las que se han transferido la mayoría de las acciones”.

Sodicaman fue creada en 1981 con mayoría accionarial del Instituto Nacional de Industria, actual SEPI, como instrumento de desarrollo empresarial de las regiones españolas.