La consejera de Administraciones Públicas compareció hoy en las Cortes para informar de las políticas de calidad de servicios que desarrolla su departamento LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL ASEGURA A LOS CIUDADANOS UNOS SERVICIOS DE CALIDAD...
La consejera de Administraciones Públicas, María del Carmen Valmorisco, afirmó hoy durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Generales de las Cortes de Castilla-La Mancha que “el Gobierno regional mantiene una apuesta clara por el sector público, y, en consecuencia, por la calidad de los servicios que presta”.
Valmorisco, que acudió al Parlamento regional a petición propia para informar amplia y detalladamente sobre las políticas que desarrolla su departamento sobre Calidad de Servicios, manifestó que “ante una crisis de legitimación, como la que afecta actualmente al sector público, éste debe responder con la eficacia, la eficiencia y la calidad que se espera del sector privado”.
Por tanto, el reto de las Administraciones Públicas en la actualidad consiste en mantenerse en niveles de respuesta y servicio comparables con los del sector privado sin actuar en un entorno de competitividad que favorezca una correcta asignación de los recursos y la eficiencia en la gestión. La responsable regional de este departamento manifestó su compromiso personal en trasladar a los representantes políticos de los ciudadanos todas las actuaciones puestas en marcha para facilitar su relación con la Administración.
La consejera señaló ante los diputados y diputadas regionales “que esta defensa del servicio público debe significar cambios profundos en las concepciones formalistas de la Administración y desviar el centro de nuestras preocupaciones hacia la atención y el servicio al cliente, entendido en el sentido de usuario que ante la Administración deba sentirse y ser tratado como tal”.
Valmorisco recordó que las políticas de calidad en los servicios de la Administración regional, de una forma estructurada, corporativa e integral tienen su arranque en el Plan de Modernización de 1993 y su continuidad en el Plan de Calidad de la Consejería de Administraciones Públicas de 1998. Estas iniciativas culminan con la aprobación de la “Carta de los Derechos del Ciudadano” el 30 de marzo de 1999, que contiene un catálogo de derechos que inciden en la prioridad de garantizar unos exigentes estándares en el acceso a la información y a los servicios de todos los ciudadanos, así como su participación en las principales decisiones que afectan a su diseño y evaluación.
EL propósito de esta Carta, dijo Valmorisco, es que el ciudadano de esta región pueda relacionarse con la Administración regional e informarse sobre lo que ella le ofrece desde cualquier lugar de su territorio, sin necesidad de desplazamientos, gestiones costosas o pérdidas de tiempo innecesarias para que todos los ciudadanos castellano-manchegos, superando las diferencias que abre el territorio o la cultura, se encuentren en condiciones iguales de acceder a los servicios públicos que les ofrece la Junta.
Para la consejera de Administraciones Públicas el balance sobre los resultados es optimista, y sitúa a nuestra Administración regional en unos niveles de servicio superiores a los que son comunes en las Administraciones públicas españolas, como lo demuestran los reconocimientos que nos llegan desde fuera de la propia Comunidad.
Los propósitos de la Carta, se logran, según señaló Valmorisco, “aprovechado nuestro principal activo, que es el personal, y empleando las tecnologías de la información que permiten neutralizar las barreras del tiempo y el espacio, como son la página web de la Junta y el Teléfono Único de Información.
Internet permite igualar las oportunidades y posibilidades de acceso a los servicios de todos los ciudadanos con independencia de su lugar de residencia o de su proximidad física a las oficinas de la Administración regional.
Desde el 20 de septiembre de este año, cualquier persona desde cualquier lugar del mundo a través de Internet puede dirigir a la Administración regional una reclamación o sugerencia, formular una consulta sobre cualquier asunto que pueda ser de su interés, adquirir alguna de las publicaciones que edita, conocer puntualmente las ofertas de empleo, las convocatorias de las pruebas subsiguientes o las calificaciones obtenidas, entre otros muchos servicios.
El número de accesos a Internet crece a velocidades incontroladas y es de prever que las nuevas tecnologías que se avecinan permitirán el acceso a Internet desde múltiples dispositivos domésticos como el televisor o el teléfono móvil y en cuanto maduren aún más, su manejo se simplificará enormemente.
La responsable de Administraciones Públicas manifestó la voluntad del Gobierno regional en el ”fomento de las nuevas tecnologías que se manifiesta en proyectos y actividades concretas, como el proyecto Heraldo”. Gracias a este proyecto, se hicieron 219 instalaciones de equipamiento informático en ayuntamientos y 72 en mancomunidades durante 1999 y en el 2000 se han completando en estos momentos 143 instalaciones en ayuntamientos y 13 en mancomunidades.
Otro ambicioso proyecto relacionado con la extensión de la sociedad de la información en Castilla- La Mancha es el del portal regional de Internet, para el que se ha constituido la Fundación Insula Barataria y, continuando con esta política de fomento de las comunicaciones, la Junta de Comunidades celebró el pasado 6 de noviembre un protocolo con Caja Castilla- La Mancha, la Universidad y la Federación de Municipios y Provincias para unificar su demanda de servicios con el fin de propiciar la extensión de infraestructuras de red en toda la región.
Pero mientras Internet no constituya una tecnología al alcance de la inmensa mayoría de la población regional, la Consejería de Administraciones Públicas ha puesto el máximo interés para mejorar las políticas de acceso de los ciudadanos en el Teléfono Único de Información 0-1-2. Este teléfono esta llamado a prestar los mismos servicios que ofrece la pagina web a aquellas personas que, por cualquier motivo, deciden usar esta tecnología universalizada en nuestra región para relacionarse con la Administración de la Junta.
En lo que va de año, el total de llamadas reales recogidas es de 98.496, alcanzándose una media diaria de unas 354. El horario de atención es suficientemente amplio: de nueve de la mañana a ocho de la tarde de lunes a viernes, y de diez de la mañana a dos de la tarde los sábados.
La Consejería de Administraciones Públicas dispone de otro instrumento de atención presencial al ciudadano que es la red de Oficinas de Información y Registro (OIR). En la actualidad existen un total de ocho oficinas de información y registro, de las cuales hay dos en Toledo, en Ciudad Real y en Albacete, y una en Cuenca y en Guadalajara. El horario de estas oficinas va a ampliarse a las tardes a comienzos del año próximo en todas las capitales de provincia, cuando hasta ahora este horario partido sólo se está cumpliendo en Toledo.
En cuanto a las funciones realizadas en las oficinas de información y registro, cabe destacar que desde las OIR se proporciona información sobre cualquier servicio o actividad de la administración regional, pero además presta numerosos servicios como el registro de entrada de documentos o copias de los presentados.
Todas estas vías de acercamiento de la Administración al ciudadano son susceptibles de profundización y de mejora, debiendo satisfacer las expectativas crecientes de los ciudadanos.
Para ello, está prevista, por ejemplo, la implantación de la atención de 24 horas en el 012 o el despliegue de puntos o autoservicios de información ubicados en los más diversos lugares y con un horario amplio para facilitar el acceso a la página web de la Junta de Comunidades a aquellos castellano-manchegos que no tengan otros medios de acceso a Internet.
La Consejería de Administraciones Públicas, como garante del cumplimiento de esta Carta, quiere mantener una evaluación permanente de sus compromisos. Por ello, ha encomendado a la Unión de Consumidores de Castilla-La Mancha-Unión de Consumidores de España una encuesta para verificar si la Carta es conocida, si sus estándares son respetados y si el usuario o usuaria de los servicios regionales percibe sus resultados.
Todo ello con la finalidad última de continuar orientando la Administración regional hacia los ciudadanos a los que, como institución, debe servir y que justifican su propia existencia.



