El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, en el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha
02/12/2021Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Debate y votación hoy en las Cortes regionales

La Cámara de Cuentas mejorará la transparencia y reforzará el control democrático de la gestión pública

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha explicado que el objetivo de este proyecto de Ley “no es otro que autoimponerse un órgano de control técnico, mucho más cercano, que va a hacer las recomendaciones con mayor rapidez y que va a facilitar que hagamos mejor la gestión económica y financiera de los caudales públicos”.
 
Su creación es fruto de un compromiso adquirido por el presidente Emiliano García-Page y, con la futura entrada en vigor de este proyecto legislativo, Castilla-La Mancha se incorporará de nuevo al grupo de comunidades autónomas que ya disponen de un órgano propio de control externo, que son doce hasta la fecha.
 

Toledo, 2 de diciembre de 2021.- El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha resaltado que el proyecto de Ley de Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, que hoy se debate y vota en el Parlamento autonómico, mejorará la transparencia y reforzará el control democrático de la gestión pública.
 
Durante el pleno de las Cortes regionales, Ruiz Molina ha explicado que el objetivo de este proyecto de Ley “no es otro que autoimponerse un órgano de control técnico, mucho más cercano, que va a hacer las recomendaciones con mayor rapidez y que va a facilitar que hagamos mejor la gestión económica y financiera de los caudales públicos”.
 
De hecho, se trata de una institución que tiene como principal finalidad dotar a las Cortes regionales de un instrumento eficaz para contribuir a facilitar el ejercicio de sus actividades de control sobre la actividad económico-financiera del propio Ejecutivo autonómico y del conjunto del sector público regional, lo que permitirá fiscalizar mejor la totalidad de los fondos públicos de Castilla-La Mancha, conforme a los principios de eficacia, eficiencia y economía, garantizando a la ciudadanía el derecho a una buena administración.
 
Por este motivo, Ruiz Molina ha pedido a los grupos parlamentarios de PP y Ciudadanos que reflexionen acerca de su posición y ha asegurado que “los ciudadanos no van a entender que digan no a este órgano”, al tiempo que ha mostrado su agradecimiento al grupo socialista por sus “buenas argumentaciones” a la hora de defender este proyecto de Ley.
 
El consejero ha respondido a las críticas del grupo popular afirmando que la supresión de la Sindicatura de Cuentas en 2014 “no fue por ahorrar en gastos”, sino por otros motivos y ha recordado que este órgano funcionó durante veinte años, tiempo durante el cual su actuación supervisora de las finanzas públicas de la región nunca fue cuestionada.
 
Igualmente, ha defendido que la Cámara de Cuentas sea “un órgano unipersonal, absolutamente técnico” frente al modelo colegiado que ha propuesto Ciudadanos, a la vez que ha hecho hincapié en que aún no se ha nombrado a la Presidencia de esta institución y este grupo parlamentario ya pone en duda su independencia.
 
Un órgano de control técnico con plena independencia
 
La Cámara de Cuentas será un órgano de control técnico que tendrá plena independencia en el ejercicio de sus funciones, con autonomía organizativa y presupuestaria, y que dependerá orgánicamente del Parlamento autonómico, lo que le permitirá actuar sin interferencias y con absoluta objetividad en su labor de fiscalización de las finanzas públicas.
 
Su creación es fruto del compromiso adquirido por el presidente Emiliano García-Page de recuperarlo para reforzar el control y mejorar la transparencia en el manejo de las finanzas públicas, después de que en 2014 se suprimiera la denominada Sindicatura de Cuentas, que funcionó durante veinte años y cuya labor fiscalizadora asumió el Tribunal de Cuentas tras su desaparición.
 
Con la futura entrada en vigor de este proyecto legislativo, Castilla-La Mancha se incorporará de nuevo al grupo de comunidades autónomas que ya disponen de un órgano propio de control externo, que son doce hasta la fecha.

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