El consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Alejandro Alonso, ha manifestado hoy en Toledo que es rotundamente falsa la denuncia formulada por el PP y que no ha existido ninguna intencionalidad política en el programa de inspecciones realizado por su departamento en la provincia de Cuenca. Asimismo ha asegurado que este partido ha utilizado a un funcionario con el único objetivo de desacreditar al Gobierno regional y evitar la investigación abierta que involucra a altos cargos de la Administración central.

El consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Alejandro Alonso, ha rechazado hoy las acusaciones realizadas por el PP sobre la intencionalidad política de las inspecciones realizadas por su departamento en la provincia de Cuenca, argumentando que se investigó a todas las explotaciones agrarias que cultivaban lino con una superficie de más de cien hectáreas, entre ellas, la del delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Carlos Moro, y ajustándose a la normativa que marca la Unión Europea.

"Es absolutamente falso lo denunciado por el PP -aseguró Alonso- y se trata de una burda maniobra política. Nos da la impresión de que el Partido Popular está intentando dificultar la investigación que se realiza en torno al cultivo del lino y que, sobre todo, no quiere asumir ningún tipo de responsabilidad al respecto".

Según Alejandro Alonso, da toda la impresión de que la candidata del PP, Loyola de Palacio, responsable de la trama del lino, se "está quemando políticamente y ha llamado a los bomberos de su partido, Javier Arenas y Rafael Hernando, que han querido echar mentiras encima de la mesa" y añadió que ha sido De Palacio quien ha mantenido tres años en su Ministerio a directores generales que han organizado, alentado, construido y beneficiado de la trama que les ha permitido cazar importantísimas ayudas por el cultivo del lino.

Alonso explicó que la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, ante el enorme incremento experimentado en el cultivo del lino, decidió intensificar los controles en julio de 1998 a efectos de detectar si en el mismo se estaban produciendo conductas asociadas a "cazaprimas".

Concretamente, en Cuenca, el jefe de servicio Agrícola ordenó que dichas inspecciones se realizasen en todas las explotaciones que cultivan lino con una superficie de más de cien hectáreas. Fruto de esta iniciativa se inspeccionaron, por tanto, el 6% de las explotaciones agrícolas de la provincia, que representan el 30% de la superficie cultivada.

El jefe de servicio Agrícola, en una actuación calificada por el consejero como digna de reconocimiento, no aceptó la propuesta de planes de inspección que formuló el jefe de sección, precisamente el funcionario que ahora más de un año después le ha denunciado, porque se incluían en la misma unas explotaciones de las cuales sólo 3 eran mayores de 100 hectáreas.

Alejandro Alonso también calificó de rotundamente falso que sea obligatorio decidir por muestra aleatoria este tipo de investigación y aseguró que existe un Reglamento comunitario -Nº 388/92, diciembre 1992- que establece las normas de aplicación del sistema integrado de gestión y control relativo a determinados regímenes de ayudas comunitarias.

Según este reglamento, se establece que "la autoridad competente determinará las solicitudes que vayan a ser objeto de controles sobre el terreno, principalmente a partir de un análisis de riesgos, así como de la representatividad de las solicitudes de ayudas presentadas. El análisis de riesgos tendrá en cuenta: el importe de la ayuda; el número de parcelas y la superficie por la que se solicita la ayuda; la evolución en comparación con el año anterior; las comprobaciones efectuadas en los controles de los años anteriores; y otros parámetros que los Estados miembros deberán definir".

Entre las explotaciones investigadas por Agricultura en julio del año pasado figuraba la del delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Carlos Moro, quien, según el consejero, está entre los cinco que más subvenciones cobran cada año en la provincia de Cuenca y en la campaña 1995-96 fue el que más cobró.

Además, según informó Alejandro Alonso, Moro ha venido cultivando lino durante las cuatro últimas campañas y percibiendo por ello subvenciones por un valor superior a los 82 millones de pesetas, de los cuales 25 millones, los correspondientes a la campaña 98/99, no serán abonados hasta que no finalice la investigación en curso.

Para el consejero de Agricultura, las prácticas de Carlos Moro no pueden incluirse dentro de código de buenas prácticas agrícolas, ya que ningún agricultor tomaría una decisión similar típica de un cazaprimas cuyo único objetivo al decidir su alternativa de cultivos es el cobro de una alta subvención y sin importarle los rendimientos del cultivo ni si el mismo va a tener alguna salida en el mercado.

Todas estas actuaciones se decidieron en julio del año pasado, por lo que sorprende, según Alonso, que la denuncia del funcionario se presente ahora y no entonces. "El PP -afirmó- ha utilizado a un funcionario de la Delegación de Agricultura y Medio Ambiente de Cuenca con el único objetivo de desacreditar al Gobierno de Castilla-La Mancha y, sobre todo, evitar la investigación abierta, que directamente involucra a altos cargos de la Administración Central".

Un funcionario del que Alejandro Alonso aseguró pueden informar los agricultores de Cuenca sobre su demostrada parcialidad política.

"El Gobierno regional reitera su compromiso con la erradicación de los cazaprimas y considera que los casos denunciados hasta ahora, entre los que se incluyen a varios directores generales del Ministerio de Agricultura, al director económico-financiero de MERCASA y al delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, responden a conductas ética y políticamente reprobables", añadió el titular de la Consejería de Agricultura.

Así mismo, el consejero pidió al PP que manifieste públicamente si está de acuerdo o no con las prácticas agrícolas de sus altos cargos; que diga si le parecen bien las importantísimas subvenciones que han cobrado por cultivar un producto que ellos sabían que no tenía ninguna salida en el mercado y por participar societariamente en empresas dedicadas a la transformación de lino textil.

Para Alonso, los agricultores profesionales españoles y europeos tienen derecho a recibir ayudas para completar la renta de sus explotaciones agrarias, pero no desean que unos pocos se beneficien de las ayudas cuyo destino es el mundo rural y que en este caso varios cientos de millones se han quedado en el camino.

"En vez de torpedear la investigación e intoxicar a la opinión pública - añadió el consejero- les pedimos que asuman sus responsabilidades, reconociendo los errores cometidos por sus altos cargos".