El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, manifestó hoy, en relación a la decisión del Gobierno central de cerrar tres emisoras de televisiones de Ciudad Real, que se trata de “un atentado grave a la libertad de expresión” y “un caso de censura intolerable”, ya que en España, funcionando con características similares, hay en total unas 750 emisoras.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, que tiene un plazo de tres meses para emprender acciones legales, sitúa el problema en un conflicto constitucional entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Barreda se remitió a la Ley del 95 de Televisiones Locales por Ondas Terrestres y comentó que la decisión del Gobierno del PP es “doblemente sorprendente”, puesto que la “inoperancia” de la administración central ha convertido en “papel mojado” la legislación al no aprobar las normas de desarrollo y porque, siendo responsable de este “estancamiento” de la Ley, no tiene reparos en clausurar canales argumentando que carecen de título para ello.

En este sentido, exigió al Ministerio de Fomento que desarrolle de una vez por todas la Ley de 1995 y pidió que conteste interrogantes tales como por qué el cierre se produce ahora y por qué la decisión recae en las tres emisoras de Ciudad Real y no en otras televisiones locales.

Barreda explicó que la Ley del 95 especifica que la televisión local por ondas es un servicio público y su desarrollo está sujeto a una concesión, que deberá otorgar la Comunidad Autónoma. Pero, para que pueda convocarse el concurso, es requisito imprescindible que el Gobierno de España apruebe una serie de normas técnicas, especialmente las que determinan las frecuencias del espectro radioeléctrico que se reservan estas televisiones.

Sin embargo, el Gobierno central después de casi cinco años, desde que aprobó la Ley mencionada, no la ha desarrollado y esta “parálisis” hace que sea de imposible cumplimiento, apuntó el vicepresidente.

Por último, aludiendo a lo que sobre este asunto dice el Tribunal Constitucional, comentó que “estamos ante el ejercicio de un derecho fundamental, es decir, comunicar libremente información veraz, expresiones, ideas y opiniones por cualquier medio de difusión”.

Añadió que la competencia de otorgar o denegar la concesión a las emisoras es de las Comunidades Autónomas y no del Estado, que es la administración que atribuye las frecuencias.