El desarrollo de las competencias autonómicas en materia de abastecimientos y saneamientos ha sido el contenido de la ponencia de Alfredo López Vivié, experto en materia de gestión de obras hidráulicas, quien ha considerado necesario que las comunidades autónomas elaboren una Ley para regular sus competencias en el agua.

En el caso concreto de Castilla-La Mancha, López Vivié ha precisado que el Estatuto de Autonomía permite este desarrollo normativo, basándose en las facultades de ordenación del territorio, de ejecución de obras públicas y de aprovechamientos hidráulicos de interés para la región.

Precisamente, la elaboración de una Ley regional que regule el abastecimiento y la depuración del agua figura entre los proyectos de la Consejería de Obras Públicas para la presente legislatura, según el compromiso asumido por Alejandro Gil ante la Comisión de Obras Públicas de las Cortes de Castilla-La Mancha. La nueva norma se denominará Ley del Ciclo Integral del Agua.

Este desarrollo normativo no supone hurtar competencia a las administraciones locales, sino que supone la planificación y financiación de infraestructuras hidráulicas que tienen un carácter supramunicipal.

La propuesta es atribuir a la Junta de Comunidades la potestad de planificar el abastecimiento y saneamiento, así como la ejecución y gestión de las infraestructuras que se declaren de interés regional. Los ayuntamientos, por su parte, tendrían la tarea de prestar el servicio en baja de abastecimiento y saneamiento, a través de la explotación de esas infraestructuras.

Como instrumento para ejercer las competencias autonómicas, López Vivié propone la creación de un ente instrumental para la gestión, que podría ser una empresa pública o un organismo autónomo. Además, plantea el establecimiento de tributos autonómicos para abastecimiento y saneamiento, de forma que se siga el principio comunitario de quien contamina, paga. Otras ventajas reseñadas por el ponente son que el establecimiento de tributos únicos para toda la región tiene un aspecto de solidaridad regional y se adapta a la aplicación de la futura directiva comunitaria sobre el agua, que establece que se tenga en cuenta la repercusión de los costes del ciclo del agua.

Las ventajas del modelo son la clarificación de competencias y funciones entre administraciones, la asunción por parte de la Junta de Comunidades de todas sus competencias, se evita el abandono de instalaciones y las deficiencias de explotación y mantenimiento, se corresponsabiliza a administraciones y usuarios al establecerse tributos para financiar los servicios y se incorpora a Castilla-La Mancha al grupo de autonomías más avanzadas en la gestión de las infraestructuras hidráulicas.