El director general del Agua, Alejandro Gil, ha pedido "la vuelta al espíritu de consenso entre administraciones y con participación de los usuarios que hizo posibles los acuerdos en los planes hidrológicos de cuenca", en las palabras pronunciadas en una mesa redonda sobre el agua que se ha desarrollado esta mañana en Madrid dentro del IV Congreso Nacional de Medio Ambiente.

En el debate han participado el secretario de Estado de Agua y Costas, Benigno Blanco, el presidente del Foro del Agua, José María Fluxá, el presidente de CODA, Santiago Martín Barajas, y los consejeros de La Rioja y Murcia, Manuel Arenilla y Eduardo Sánchez-Almohalla.

A juicio de Alejandro Gil, se ha abandonado la búsqueda del acuerdo que orientó planes hidrológicos como los del Júcar, Tajo o Segura, y "se ha pasado a una imposición sin diálogo en los casos del Plan Nacional de Regadíos, reforma de la Ley de Aguas, creación de sociedades estatales de gestión de cuencas y Libro Blanco del Agua".

En cuanto al Plan Nacional de Regadíos, el director general del Agua ha reiterado que "vulnera los acuerdos de Júcar y Tajo, al no reconocer las superficies reservadas en los planes hidrológicos", al tiempo que ha refutado que las razones de la reducción fueran un imperativo de la Política Agraria Común "porque el proyecto de la Comisión Europea se basa en aumentar la competitividad de cultivos y explotaciones, y para ese objetivo son necesarios regadíos que hemos demostrado que en Castilla-La Mancha son rentables".

La creación de sociedades estatales como Aguas del Júcar también ha sido objeto de críticas, no ya por una oposición frontal a estas figuras sino por las funciones que se les atribuyen, la arbitrariedad en establecer la representación dentro de sus órganos directivos y la falta de control parlamentario sobre sus actividades.

Según Alejandro Gil, "se pretende suplantar a administraciones y usuarios y se atribuyen a las sociedades competencias en medio ambiente y aguas que deben corresponder al Estado". Además, mientras que la representación en las confederaciones hidrográficas de cada cuenca están reguladas por la Ley de Aguas, los miembros de los Consejos de Administración de las sociedades son designados a capricho del Ministerio de Medio Ambiente.

La valoración de la reforma de la Ley de Aguas es negativa porque "supone la privatización de un bien público e impone un mercado que sólo va a beneficiar a los usuarios y territorios más ricos, en detrimento de las motivaciones sociales".

Por último, el director general del Agua se ha quejado de la falta de información a Castilla-La Mancha sobre el Libro Blanco del Agua, aunque por los datos que se han recogido "va en contra de las disposiciones de los planes de cuenca".