Toledo, 18 de agosto de 2017.- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha abogado por combatir “desde la firmeza y la serenidad todo fenómeno de violencia que atenta contra la convivencia pacífica y democrática”, así como “el ejercicio libre de nuestros derechos”.
 
Así se ha expresado el jefe del Ejecutivo autonómico tras el minuto de silencio que se ha guardado frente al Palacio de Fuensalida, sede del Gobierno regional, en señal de repulsa por los atentados terroristas de Barcelona y la localidad tarraconense de Cambrils, que ha calificado de “sinrazón”.
 
El presidente regional ha defendido la necesidad de “transformar este dolor en una recarga de autoestima colectiva”, así como de reinvertir la situación en una “reafirmación de nuestros valores democráticos, en nuestra manera de entender la vida y el mundo”; una filosofía que, ha recalcado, “incluye los argumentos y los valores en los que presuntamente se quieren apoyar los fanáticos”.
 
“Hoy es un día para estar con las víctimas, para estar con sus familiares y allegados, con Barcelona, con Cataluña y toda España”, ha manifestado García-Page, quien ha subrayado que “hoy todos somos Barcelona”.
 
El presidente de Castilla-La Mancha ha celebrado asimismo la unidad que han manifestado todas las fuerzas políticas ante estos hechos, lo que pone de relieve que “no hay ni una sola rendija por la que se pueda colar un solo argumento de los terroristas”.
 
Previamente, el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, José Luis Martínez Guijarro, ha participado junto al portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, en el acto convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en la plaza del Ayuntamiento de Toledo y en el que se han guardado tres minutos de silencio en señal de apoyo a las víctimas y familiares de los atentados.
 
El vicepresidente del Ejecutivo autonómico ha trasladado “un mensaje muy claro y muy alto” a la hora de “defender siempre la democracia, la libertad y nuestros valores”, al mismo tiempo que ha descartado que “ningún tipo de cuestión religiosa o de carácter político” pueda anteponerse a “nuestro sistema democrático, de valores y la libertad individual”.