El consejero Portavoz, Emiliano García-Page, señaló que las Cajas de Ahorro y las Cooperativas de Crédito son un sector vivo y dinámico que, para el Gobierno de Castilla-La Mancha, tienen que tener una utilidad social.

García-Page se refería así a la toma en consideración por el Consejo de Gobierno del Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de Cajas de Ahorro de Castilla-La Mancha, una normativa que nace como consecuencia de la modificación previa de la legislación del Estado en esta materia.

Según el portavoz del Ejecutivo regional, las Cajas de Ahorro, y singularmente Caja Castilla-La Mancha, ha jugado un papel importante en la vertebración y la configuración de la Comunidad Autónoma.

Por este motivo, el Ejecutivo regional es partidario, indicó, de una filosofía en la que las Cajas, además de adaptarse a la normativa del Estado, tengan importancia más allá del trabajo financiero que desarrollan.

En este sentido, Emiliano García-Page manifestó que las Cajas de Ahorro no pueden ser bancos “porque su origen y su finalidad tienen que tener una reversión social”.

Los cambios de la normativa del Estado en materia de Cajas de Ahorro afectan a la Asamblea General y a los distintos órganos de gobierno que no podrán exceder del 50 por ciento en cuanto a su participación pública; a la regulación pública de las condiciones de los nuevos miembros de la Asamblea, tanto en la duración de su mandato, perfiles e irrevocabilidad de sus mandatos y por último; se establece la sujeción a la autorización de las comunidades autónomas de las emisiones de cuotas de participación, se regula la figura del Defensor del Cliente y se actualiza el capítulo de sanciones conforme a la normativa del Estado.

Además el Gobierno de Castilla-La Mancha, según adelantó su portavoz, exigirá transparencia a las Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito en materia de inversiones y retribuciones en la misma medida en que se les exige a los bancos.

Por último, García-Page expresó el rechazo del Ejecutivo autonómico al debate sobre la politización “mal entendido” que se ha generado en torno a las Cajas de Ahorro y resaltó que éstas entidades “tienen una función social que obliga a esa cuota de participación pública”.