Para la consejera de Sanidad se trata de una de las decisiones más graves adoptadas por el Gobierno de Aznar, que sigue dando "pasos firmes, seguros y premeditados para desmantelar una de las conquistas más importantes de la sociedad española: la sanidad pública".

La consejera de Sanidad de Castilla-La Mancha, Matilde Valentín, criticó hoy con dureza el acuerdo adoptado por el Gobierno de José María Aznar, por el que se excluyen un total de 869 medicamentos de la Seguridad Social, asegurando que se trata de una decisión que responde exclusivamente a criterios económicos y no sanitarios.

Se trata de una acuerdo que, según la consejera, ha sido "adoptado únicamente por el Ministerio de Economía y Hacienda, y se hecho en base a consideraciones de ahorro económico y no pensando en las necesidades sanitarias de los ciudadanos y de colectivos como la tercera edad a quienes va a afectar de forma directa".

Para Matilde Valentín, la elaboración de la lista de fármacos que se excluirán de la financiación pública "es una de las decisiones más graves que ha adoptado el Ejecutivo del PP desde marzo de 1996. Con este tipo de medidas, a la que se unen otras como la tomada para distribuir los fondos destinados a financiar la sanidad de todos los españoles, el Gobierno de Aznar se ha propuesto ir dando pasos firmes, seguros y premeditados para desmantelar una de las conquistas más importantes de la sociedad española: la sanidad pública".

Especialmente crítica se mostró la consejera con el Ministerio de Sanidad y con su máximo responsable, Romay Becaría, a quien acusó de haberse limitado a "decir amén" a las directrices recibidas desde Economía y Hacienda y de no "haber dado la cara" para explicar a todos los españoles los motivos y razones que han llevado a la elaboración de este "medicamentazo".

"El ministro ni siquiera compareció ayer en la rueda de prensa en la que se hizo pública la lista", lo que para Valentín se debe a que "no tiene razones objetivas suficientes para demostrar que la relación de medicamentos que ha elaborado, y que vamos a tener que pagar cada uno de nuestro bolsillo, se ajusta a criterios y necesidades sanitarias, ya que la verdad es que se basa cuestiones económicas y de ahorro".

Tampoco le parece a la responsable de la Sanidad regional procedente y correcta la forma en que el Ministerio ha actuado, ya que "empezado la casa por el tejado, diciendo primero la cantidad de dinero que se quería ahorrar -200.000 millones en cuatro años- y, tras determinar la cifra por parte del Ministerio de Economía, decidir los medicamentos a excluir para lograr los objetivos marcados".

"El procedimiento tendría que haber sido a la inversa -aseguró Matilde Valentín- primero elaborar la lista dentro de una política racional del uso del medicamento, con las aportaciones de expertos, colegios, consumidores, sindicatos y agentes sociales implicados, y después determinar el ahorro".

Precisamente, la consejera lamentó que el Ministerio de Sanidad no haya consultado a las comunidades autónomas, a quienes tampoco se ha comunicado su decisión que "hemos conocido por la prensa", ni a los agentes sociales, antes de adoptar un acuerdo de estas características.

Por el contrario, "tengo entendido -resaltó Valentín- que esta lista sí se ha pactado con la industria farmacéutica, cuidándose mucho de que sus beneficios se asegurasen y mantuvieran".

Tras resaltar que se retiran de la Seguridad Social fármacos muy conocidos por los ciudadanos, de uso muy habitual y de eficacia demostrada, además de tener precio bajo (la media cuesta 400 pesetas), la consejera se preguntó que "dónde está el ahorro y la política de gasto racional de medicamentos que se nos intenta vender desde el Gobierno de Aznar, si lo que va a suceder es que los ciudadanos continuarán consumiéndolos, eso sí, soportando de su propio bolsillo el cien por cien del coste".

Valentín ironizó al afirmar que, tal vez, para conseguir el ahorro que se predica desde el Ministerio, los enfermos deberían seguir los consejos dados ayer por el subsecretario de Sanidad, quien sugirió como medida sustitutiva del medicamento la ingestión de tres litros de agua cuando se sufre una bronquitis, o la práctica de ejercicio físico y una vida sana a los mayores con problemas de varices.

La consejera de Sanidad aludió al primer Decreto de Financiación Selectiva del Medicamento, realizado por el Gobierno socialista en 1993, para recordar que, entonces, el actual vicepresidente primero del Congreso, Fernández Miranda, criticó con "dureza y malos modos" una lista en la que "se excluían especialidades calificadas como publicitarias, suplementos alimenticios, obesidad, higiene, champús y dermatológicos".

"Fernández Miranda, que fue quien acuñó el calificativo de 'medicamentazo', calificó esa lista de impuesto sobre la salud y aseguró que en cuanto tuvieran responsabilidad de gobierno incorporarían los medicamentos y productos excluidos", aseguró Valentín, quien añadió que "en cuatro años han cambiado de forma radical, a lo mejor porque lo único que pretendían entonces era engañar y hacer demagogia".

A propósito de ambas exclusiones de medicamentos de la financiación pública, Valentín afirmó que mientras el Decreto del 93 incluía un 8% de medicamentos que debían adquirirse obligatoriamente con receta médica, en el que acaba de elaborar el Gobierno central la cifra se eleva hasta el 60%.

Por último, la consejera de Sanidad manifestó que "me gustaría que el Gobierno de Aznar hubiera tenido más sentido de la responsabilidad y sensibilidad a la hora de elaborar esta lista, sobre todo en este momento en que España va tan bien que se han vendido muchas empresas públicas, con lo que se ha ingresado mucho dinero, se bajan los impuestos para las rentas más altas -pocos pero con mucho poder adquisitivo- y se baja la tributación de las plusvalías".

"Si no han tenido rubor para subir en tres millones de pesetas los sueldos de los secretarios de Estado, que cobraban diez millones al año y ahora cobrarán trece, deberían haber tenido la misma sensibilidad para darse cuenta de que la mayoría de los medicamentos excluidos van destinados a un colectivo como el de la tercera edad que consumen fármacos por necesidad y no por puro capricho, y que además tienen unas pensiones con las que sufrirán un importante esfuerzo económico", concluyó Matilde Valentín.