El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado hoy el Proyecto de Ley de Prevención de Malos Tratos y de Protección a las Mujeres Maltratadas, así como su remisión a las Cortes regionales para su tramitación, tras recibir el informe favorable por parte del Consejo Consultivo.

Este Proyecto de Ley quiere ser un paso eficaz para combatir la violencia doméstica, así como un instrumento para garantizar las medidas de asistencia jurídicas a mujeres víctimas de la violencia y para hacer efectivo el asesoramiento y la asistencia letrada en juicio.

Asimismo, se pretende ordenar y ampliar los instrumentos legales que garanticen la sensibilización, prevención y asistencia a mujeres víctimas de violencia y la rehabilitación de maltratadores.

El Proyecto de Ley es resultado de la inquietud y sensibilidad del Ejecutivo regional ante la lacra que suponen los casos de malos tratos a mujeres. El texto, además, ha recibido las aportaciones de numerosas asociaciones de mujeres, de juristas y particulares, directamente implicados en la lucha contra la violencia familiar, por lo que se trata de una Ley “participativa” en la que han colaborado los agentes sociales que más conocen esta situación.

El refrendo que ha recibido por parte del Consejo Consultivo, que ha remitido el Anteproyecto de Ley sin ninguna modificación sustancial, deja clara la constitucionalidad del mismo en todos los artículos y medidas que aborda.

En este mismo sentido, el texto es una Ley integral de lucha contra los malos tratos, que aborda de manera directa y personalizada todas las medidas que el Gobierno puede tomar para prevenir y acabar con las situaciones de violencia contra las mujeres.

Así, entre las medidas que prevé el nuevo texto legal figura: facilitar el acceso a vivienda y al empleo; incentivar las contrataciones a mujeres que hayan sufrido malos tratos; realización de programas de readaptación de los agresores; la asistencia jurídica y psicológica gratuita para mujeres y menores; mantenimiento y creación de nuevos recursos en la red de atención a mujeres maltratadas (Casas de Acogida y Centros de la Mujer); personación en las causas por violencia familiar; campañas de sensibilización, prevención y formación; y publicación de informes sobre la actividad realizada en este campo, así como de las sentencias en firme sobre casos de malos tratos.

A propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, el Consejo de Gobierno autorizó al Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades para el ejercicio de acciones legales en reclamación, al Ministerio de Hacienda, de las cantidades que se adeuden en concepto de pagos por la participación que corresponde a Castilla-La Mancha en los ingresos del Estado correspondientes al ejercicio 1999.

En concreto, la cantidad que se reclama asciende a 1.724.810.000 pesetas.

La Consejería de Economía y Hacienda viene reclamando del Ministerio de Hacienda la realización de un pago en concepto de diferencia entre el 98% y el 100% de las entregas a cuenta que corresponden a Castilla-La Mancha por la participación en los ingresos del Estado, correspondiente al ejercicio 1999.

La denegación de dicha reclamación por parte del Ministerio es lo que ha provocado esta autorización de acciones legales al Gabinete Jurídico.

También en materia de Economía y Hacienda, se autorizó al Gabinete Jurídico de la Junta para interponer recurso de inconstitucionalidad frente a determinados artículos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2001. Concretamente, los artículos 79, 80, 81, 82, 83, 85 y 86, así como las correspondientes partidas presupuestarias de las secciones 32 y 33 de los estados de gastos de la misma Ley.

Los artículos que se recurren constituyen una pieza más de las disposiciones legales en las que se ha plasmado el modelo de financiación autonómica del quinquenio 1997-2001 aprobado, con el voto contrario de Castilla-La Mancha, por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por ello y como en normas anteriores, el Gobierno regional recurre este articulado al Tribunal Constitucional basándose en que resultan contrarios a los principios de solidaridad y equilibrio territorial; suficiencia, autonomía financiera e igualdad de las comunidades autónomas; territorialidad fiscal; seguridad jurídica; y lealtad constitucional.

Además, los miembros del Consejo de Gobierno tomaron en consideración el Proyecto de Decreto-Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, así como su remisión al Consejo Consultivo para dictamen.

Los acuerdos adoptados en relación con la Consejería de Economía y Hacienda se completan con la aprobación del Decreto por el que se nombra a los miembros del Consejo Económico y Social de Castilla-La Mancha.

Así, los respresentantes de las organizaciones sindicales son: José Luis Gil González; Carolina Vidal López; Concepción Rojo García; Javier Noriega Flores; Oscar García Sánchez; Manuela Alarcón González; Gema Muñiz Prado; Silvia Sequero Morcillo; Llanos Vázquez Sánchez; y Gabriel Vicente Maján.

En representación de las organizaciones empresariales figuran: Jesús Bárcenas López; Humberto Carrasco González; Manuel Casais Fontenla; Ángel Cebrián Gómez; Gilberto Díaz López-Soldado; Antonio Mario Fernández González; José Vicente García-Toledano Arellano; Álvaro Maldonado Fernández de Tejada; Román Muñoz Sánchez; y Félix Peinado Castillo.

Y, por último, en expertos en materias económicas, sociales y laborales: Clara Úbeda Saélices; María Victoria Fernández-Salinero García; Jesús Palencia Sánchez; Josefa Babiano López; María del Carmen Rizo Vicente; José Antonio Rodrigo Zarco; Bienvenida Pérez Montejano; José Carlos Pardo García; Jesús Oliva Fernández; y María Mercedes Sanz Gómez.

En materia de Educación y Cultura, el Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 838.641.737 pesetas (5.040.338,35 euros) para la construcción de un Centro de Enseñanza Secundaria en Aguas Vivas (Guadalajara), con capacidad para 16 grupos de educación secundaria obligatoria, 6 grupos de bachillerato y 2 grupos para ciclos formativos, que permitan atender la creciente demanda de alumnado de esta zona.

Esta actuación se enmarca en el conjunto de inversiones para ejecutar la red pública de centros de educación secundaria aprobada por las Cortes de Castilla-La Mancha y para paliar las necesidades de infraestructuras educativas motivadas por el notable incremento de la población en esta zona.

Asimismo, se ha autorizado un convenio entre la Consejería de Educación y Cultura y el Ayuntamiento de La Solana (Ciudad Real) para colaborar en la financiación de las obras de construcción de un teatro-auditorio en esta localidad, con un presupuesto total de 490 millones de pesetas, de los que el 40% será sufragado por la Junta de Comunidades y el 60% restante por el Consistorio de dicho municipio.

Este convenio se incluye dentro del programa de desarrollo de infraestructura cultural en la región impulsado por la Consejería de Educación y Cultura, cuyo objetivo es fomentar entre los ciudadanos la participación en actividades culturales con continuidad.

En materia de Agricultura y Medio Ambiente, el Consejo de Gobierno aprobó un convenio de colaboración entre la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, la Diputación Provincial de Cuenca, el Patronato de Promoción Económica y Turismo de la Diputación de Cuenca y RECOMSA, S.C.L., en materia de investigación, experimentación y servicios del champiñón.

Este acuerdo tiene como objeto desarrollar y potenciar, en materia de champiñón y setas comestibles, trabajos de investigación, experimentación, servicios, divulgación de resultados, asesoramiento técnico y cuantas actividades se consideren necesarias en beneficio del sector champiñonero.

A propuesta de la Consejería de Administraciones Públicas, se aprobó el Proyecto de Ley de Creación del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla-La Mancha, así como se dispuso su remisión a las Cortes regionales. Así mismo, se autorizó la ordenación de la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de las declaraciones de bienes, rentas y actividades de los gestores públicos.

En el capítulo de ceses y nombramientos, el Consejo de Gobierno aprobó el cese de José María Lázaro Cebrián como delegado provincial de la Consejería de Obras Públicas en Cuenca, y acordó el nombramiento de Francisco Palop Arroyo, como delegado provincial de la Consejería de Obras Públicas en Cuenca.

Por último, a propuesta de la Vicepresidencia de Castilla-La Mancha, el Consejo de Gobierno ha acordado designar los representantes de la Junta de Comunidades en la Comisión Mixta de Transferencias. Éstos son:

Vicepresidente: vicepresidente de la Junta de Comunidades, José María Barreda Fontes.

Vocales: consejero de Ciencia y Tecnología, Isidro Hernández Perlines; consejera de Economía y Hacienda, María Luisa Araújo Chamorro; consejera de Administraciones Públicas, María del Carmen Valmorisco Martín; consejero de Sanidad, Fernando Lamata Cotanda; consejera de Industria y Trabajo, Araceli Muñoz de Pedro; parlamentario del Grupo Socialista, Francisco Juan Moya Martínez; parlamentario del Grupo Popular, José Manuel Rodríguez Carretero.

Secretario: director general de Coordinación, Luis Miguel Maza Alcázar.

También se han designado los representantes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en la Comisión Bilateral de Cooperación de la Administración del Estado.

Estos representantes son: vicepresidente de la Junta de Comunidades, consejero de Ciencia y Tecnología, consejera de Administraciones Públicas y consejera de Economía y Hacienda.

Curriculum:

FRANCISCO PALOP ARROYO, DELEGADO PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS EN CUENCA.

Nació el 20 de mayo de 1954 en Madrid, habiendo fijado su domicilio en Cuenca desde 1968.

Desarrolla su actividad profesional como funcionario de la Diputación Provincial de Cuenca y, entre 1988 y 1991, fue presidente de la Junta de Personal de esta institución.

Concejal del Ayuntamiento de Cuenca entre 1991 y 1999, responsable de las áreas de Medio Ambiente, Protección Civil y Bomberos del 91 al 95.

En la actualidad forma parte del Consejo de Administración del Ente Público de la Radiotelevisión de Castilla-La Mancha.