05/10/1998JCCM

En su opinión, deben revisarse los sistemas de financiación a las mancomunidades y las diputaciones PINA: LA DISTRIBUCIÓN QUE HACE EL GOBIERNO CENTRAL DEL FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL PRODUCE INQUIETUD

El consejero de Administraciones Públicas lamentó, durante la firma en Albacete de los convenios de colaboración con 14 municipios de la provincia para financiar obras para paliar los daños por las tormentas de 1997, la desigual colaboración en estas ayudas de las cinco diputaciones de la región.


El consejero de Administraciones Públicas lamentó, durante la firma en Albacete de los convenios de colaboración con 14 municipios de la provincia para financiar obras para paliar los daños por las tormentas de 1997, la desigual colaboración en estas ayudas de las cinco diputaciones de la región.

El consejero de Administraciones Públicas, Antonio Pina, manifestó hoy que "la tendencia de distribución que realiza el Gobierno central del Fondo de Cooperación Municipal, principalmente en los dos últimos años, produce inquietud a los ayuntamientos por el crecimiento de estos fondos a las diputaciones en detrimento de los municipios".

Antonio Pina, que se desplazó a Albacete para firmar los convenios de colaboración con 14 municipios de la provincia para financiar obras que palien los daños ocasionados por las tormentas de 1997, añadió que "esa diferencia de financiación a diputaciones y a ayuntamientos cada vez es más acuciante por lo que será necesaria una revisión de este sistema de financiación".

Así, entre los datos facilitados por el consejero de Administraciones Públicas destacó que en 1997 las cinco diputaciones recibieron 3.964 millones de pesetas más que los 915 municipios de la región del Fondo de Cooperación Municipal, mientras que en el 98 la diferencia asciende a los 4.500 millones de pesetas.

En este sentido, Pina mostró su apoyo a la resolución del IV Encuentro Regional de Mancomunidades, clausurado el pasado sábado en Alcázar de San Juan, en la que solicitan una solución a los problemas financieros de estas entidades supramunicipales.

La distribución de recursos que el Gobierno regional hace a los municipios a través del Fondo Regional de Ayuda a Municipios (FRAM) ha supuesto unos 5.600 millones de financiación que, en palabras del consejero, "han servido para robustecer el sistema asociativo de los ayuntamientos. Eso significa que los sistemas que hemos empleado hasta ahora se tengan que revisar con el fin de garantizar la suficiencia financiera de las mancomunidades".

Antonio Pina opinó que los ciudadanos están recibiendo unos servicios eficaces a través de las mancomunidades, por lo que este sistema de gestión se acabará imponiendo, pues considera injusto que las diputaciones cobren el dinero y dejen hacer el trabajo a las mancomunidades, en contra de lo que marca la Ley de Bases de Régimen Local.

Pina puso como ejemplo la firma del convenio para paliar los daños ocasionados por las tormentas en 1997 en 48 municipios de la región según el acuerdo adoptado por el Gobierno regional de colaborar para reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios afectados por estos temporales.

Así, el compromiso era que el Gobierno central financiaba el 50% del coste de las obras y el resto se dividía en un 25% entre diputaciones y Junta de Comunidades, si bien el consejero de Administraciones Públicas lamentó la desigual colaboración, pues mientras las diputaciones de Ciudad Real y Toledo sí han cubierto el porcentaje, la de Albacete no ha prestado ni apoyo técnico ni financiero.

En la provincia de Albacete, los municipios beneficiados por estas ayudas del Gobierno regional son: Abengibre, Alcadozo, Alcalá del Júcar, Alpera, Casas de Juan Núñez, Cenizate, Fuentealbilla, Hellín, Jorquera, Pétrola, Pozohondo, La Recueja, Valdeganga y Yeste.

Estas ayudas, con una aportación de más de 21 millones de pesetas servirán para reparar infraestructuras municipales, principalmente obras de saneamiento, depuración y limpieza, y se suman a las ya aportadas desde las consejerías de Agricultura y Medio Ambiente y Obras Públicas para reparar los daños por los mismos temporales en materia agrícola y viaria.
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