La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Isabel Rodríguez, informó hoy sobre la contratación administrativa del sector público de Castilla-La Mancha correspondiente al ejercicio 2008, con un volumen que supera los 1.000 millones de euros y cuyo informe fue presentado ayer durante el Consejo de Gobierno.
En este informe, indicó Rodríguez, se recoge el número de contratos que se han desarrollado por cada uno de los departamentos de la Administración regional y los organismos autónomos durante el pasado año con empresas, entidades privadas, etc.
En total se formalizaron 4.510 contratos y los procedimientos más usados fueron el concurso y negociado, que representan el 97% del total del volumen contratado, “dando así mayor concurrencia competitiva y más oportunidades a todos aquellos que quieren contratar con la Administración pública”, señaló la portavoz.
Los sectores que más peso tuvieron en la contratación pública regional fueron Educación, Sanidad y Servicios Sociales, así como las infraestructuras hidráulicas, carreteras y vivienda, con un volumen de 973 millones de euros, es decir, el 91% del total contratado.
En este sentido, Rodríguez resaltó la importancia que tiene la contratación con las administraciones públicas, “sobre todo en estos momentos, cuando hay que reforzar la actuación pública que venga a paliar los efectos de esta situación de crisis, que tampoco nos es ajena a las administraciones”, apostilló.
Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de Castilla-La Mancha
Por otro lado, Isabel Rodríguez se refirió al proyecto de Ley de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de Castilla-La Mancha, aprobado en el último Consejo de Gobierno, con el que se pretenden regular las cámaras oficiales de la región y el Consejo Regional de Cámaras.
Hasta la fecha, explicó la portavoz, en Castilla-La Mancha “no habíamos ejercido nuestras competencias normativas de las Cámaras Oficiales más allá de la decisión de crear el Consejo de Cámaras Oficiales de comercio e industria mediante el Decreto 4/1997 de 28 de enero”. Con esta Ley, cuyo objetivo es dar estabilidad a la actuación de las Cámaras y permitir un adecuado cauce de relación y tutela de la Administración autonómica, se completa el marco normativo básico.
“De esta manera –prosiguió- Castilla-La Mancha se incorpora a las comunidades autónomas que ya cuentan con leyes propias en materia de Cámaras de Comercio: Valencia, Navarra, Madrid, Andalucía, Extremadura, Cataluña, Galicia y las islas de Ibiza y Formentera”. Hasta la aprobación de esta ley, añadió, lo que rige es la Ley Básica de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de 22 marzo de 1993.
Finalmente, Rodríguez destacó la relación de la Administración regional con las Cámaras, que se sustenta en la colaboración para el fomento de la actividad económica. Además –indicó- se debe reconocer la importante relación de las Cámaras con las pequeñas y medianas empresas, que son el tejido empresarial que caracteriza a esta región.
“Las Cámaras desarrollan una actividad muy importante en la promoción, formación, asesoramiento, información, apoyo y promoción exterior de las empresas de la región”, afirmó la portavoz, “y por ello, el Gobierno de Castilla-La Mancha espera que esta nueva regulación sea para las Cámaras un impulso más en su trabajo, y que las empresas puedan encontrar más apoyos para avanzar y ser cada vez más competitivas”.