El consejero Portavoz, Emiliano García-Page, señaló que los objetivos del anteproyecto de Ley de actualización de la Ley de Ordenación del Territorio (LOTAU), cuyo borrador se estudió en la última reunión del Consejo de Gobierno, son agilizar los trámites urbanísticos, favorecer la promoción de viviendas en la región y dotar a los ayuntamientos de más competencias en la gestión de las licencias para particulares, constructores y administraciones públicas.

En este sentido García-Page resaltó que la Ley de actualización, sobre la que aún no se ha tomado una decisión definitiva, respeta el principio de autonomía de las corporaciones locales ya que “prevé la implantación de oficinas de planeamiento urbanístico en los municipios de la región”.

Emiliano García-Page además se refirió a otros acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, entre ellos la aprobación del Decreto por el que se establece una Intervención General Adjunta para el Servicio Regional de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM).

Según el portavoz del Gobierno regional la nueva dimensión que ha tomado Castilla-La Mancha tras la asunción de las competencias en Sanidad y el presupuesto del próximo año que supera el billón de pesetas, obligan a la Administración regional “a reforzar los mecanismos de control para seguir siendo no sólo una Comunidad Autónoma austera y saneada, sino también una región transparente y garantista de los procedimientos financieros”.

Transferencias del Inem

Respecto a la llegada de las políticas activas de empleo a Castilla-La Mancha el consejero Portavoz manifestó que la asunción de estas competencias es una noticia positiva para los ciudadanos de la región y añadió que el acuerdo ha sido posible gracias a la voluntad política del presidente del Ejecutivo regional, José Bono, y el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana.

Por último, García-Page señaló que espera que el Partido Popular haga todo lo posible para que las competencias en materia de empleo puedan hacerse efectivas a partir del 1 de enero de 2003.