Juan Alfonso Ruiz Molina, interviniendo en las Cortes de CLM
12/11/2015Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas

El Gobierno regional presentará en las Cortes una nueva ley de Régimen Local y Cooperación Municipal

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha señalado que la proposición de Ley de medidas para la garantía y continuidad de los servicios públicos clarifica la delegación de competencias de la Junta de Comunidades a las corporaciones locales.
Ruiz Molina ha lamentado que el anterior Ejecutivo castellano-manchego no legislara sobre esta materia para acabar con la amalgama legislativa y la inseguridad jurídica que genera la Ley estatal.

Toledo, 12 de noviembre de 2015.- El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha señalado hoy que el Gobierno regional, como se ha comprometido, presentará en las Cortes de Castilla-La Mancha una ley de Régimen Local y de Cooperación Municipal a lo largo de esta legislatura.
 
Esta nueva Ley estará destinada a facilitar a las corporaciones locales el desarrollo de nuevas actividades en un nuevo contexto socioeconómico, a profundizar en la colaboración entre administraciones en la prestación de servicios a los ciudadanos, promover la administración abierta y electrónica y ofrecer instrumentos que posibiliten que las entidades locales funcionen con la máxima eficacia.
 
Ruiz Molina se ha manifestado así durante la toma en consideración en las Cortes regionales de la proposición de Ley de medidas para la garantía y continuidad en Castilla-La Mancha de los servicios públicos como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local.
 
El consejero ha explicado que el Grupo Parlamentario Socialista y el de Podemos se han visto obligados a presentar esta proposición de ley para tratar de “tapar los agujeros, no solamente económicos, sino también legislativos” que ha provocado el PP en sus cuatro años de Gobierno.
 
En este sentido, ha valorado de manera positiva que el Grupo Parlamentario Socialista y el de Podemos hayan presentado esta proposición de Ley, un texto que intenta mantener el nivel de prestación de los servicios públicos fundamentales de Educación, Sanidad y Bienestar social, además, de “clarificar enormemente la delegación de competencias de la Junta de Comunidades a las corporaciones locales”.
 
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha lamentado “no haber legislado, como lo han hecho el resto de Comunidades Autónomas, excepto tres”, ante la inminente entrada en vigor de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. 
 
Ruiz Molina ha resaltado que los diferentes Gobiernos regionales, también algunos del PP, se han blindado ante esta ley, legislando en la materia, “por un motivo de credibilidad”, ya que “no se creían al Ejecutivo de Rajoy”.
 
“En Castilla-La Mancha no se ha legislado porque se han antepuesto los intereses del cargo de secretaria general del PP de Cospedal a los intereses del cargo de presidenta de la Comunidad Autónoma y, por lo tanto, y como en múltiples casos, generalmente negativos, hemos intentado dar ejemplo en el resto del Estado”, ha lamentado el consejero.
 
Durante su intervención en la toma de consideración de esta proposición de Ley, Ruiz Molina ha puesto de manifiesto las incertidumbres creadas por la ley estatal, ya que ha sido necesario que el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, dictara “una resolución para aclarar y suspender” esta ley, a través de “una circular que no anula en absoluto la ley”.
 
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha solicitado en este sentido a Beteta que, “con la misma agilidad con que han aprobado la Ley de Presupuestos Generales del Estado, hubiera modificado esta ley para dejarla en suspenso y no crear una amalgama legislativa que lo único que crea es inseguridad jurídica”.
 
El consejero ha finalizado su intervención en el pleno de las Cortes regionales manifestando que si el PSOE gobierna en España tras el 20 de diciembre derogará la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
 

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