20/10/2016Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Intervención de Ruiz Molina en el pleno de las Cortes regionales

El Gobierno regional impulsa dos avances al mes para dignificar a los empleados públicos y recuperar la calidad de los servicios esenciales

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, espera contar con el apoyo de los sindicatos y los grupos políticos para requerir al Gobierno de España que modifique su normativa básica para que las Comunidades Autónomas puedan ejercer su derecho a fijar la jornada laboral de sus empleados públicos.
Ruiz Molina también ha destacado que la recuperación de los derechos de los empleados públicos debe hacerse siempre en el marco de la legalidad porque los empleados públicos se merecen que se les devuelvan sus derechos de manera intachable.
 

Toledo, 20 de octubre de 2016.- El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha subrayado hoy que el modelo del Gobierno de Emiliano García-Page en materia de empleados públicos se base en impulsar cada mes “dos avances, dos mejoras, dos pasos hacia delante para dignificar la labor de los más de 68.000 empleados públicos y recuperar la calidad de los servicios públicos destrozados en la anterior legislatura”.
 
Así lo ha manifestado hoy Ruiz Molina durante el debate general sobre las condiciones laborales de los empleados públicos en las Cortes Regionales, en el que ha señalado que este modelo se opone al que se llevó a cabo en la anterior legislatura, cuando en cuatro años “no se hizo ni un avance, ni una mejora ni se dio un paso hacia adelante, sino que se desanduvo casi todo el camino recorrido hasta ese momento en cuanto a mejoras de las condiciones laborales y retributivas de los trabajadores de la Junta de Comunidades”.
 
Entre la recuperación de los derechos de los empleados públicos, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha incidido en la vuelta a la jornada de 35 horas semanales, que el Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido. En este sentido, Ruiz Molina ha destacado que el Gobierno regional, como no podía ser de otra manera, acata la sentencia, aunque no comparta su fundamentación.
 
Para Ruiz Molina “la lucha contra los recortes en el empleo público que se llevaron a cabo en la anterior legislatura debe hacerse siempre en el marco de la legalidad porque los empleados públicos se merecen que sus derechos se recuperen de manera intachable, tanto jurídica como administrativamente”.
 
Ruiz Molina también ha añadido en relación con este asunto que “los empleados públicos lo que quieren es cumplir con su jornada laboral, la legalmente establecida. Quieren más dignidad que el que propone trampas para incumplirla”.
 
Así, ha añadido el consejero de Hacienda y Administraciones públicas que “lo que debe hacer el Gobierno regional es respetar el Estado de Derecho y cumplir la sentencia en todos sus términos y si el TC cierra la puerta para que se establezcan de nuevo las 35 horas semanales, debemos unirnos todos para requerir al Gobierno que modifique su normativa básica a fin de que las Comunidades Autónomas puedan ejercer su derecho para fijar la jornada laboral de sus trabajadores como mejor consideren”.
 
Para conseguir este objetivo, el Gobierno continuará “peleando con todas sus fuerzas” y, según ha manifestado Ruiz Molina, “espera contar con el apoyo y la colaboración de todos los representantes de los empleados públicos de la Junta y de los representantes de la ciudadanía para que la recuperación de las 35 horas vuelva a ser una realidad más pronto que tarde en Castilla-La Mancha”.
 
Durante su intervención en el pleno de las Cortes regional, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha resaltado 30 mejoras en materia de función pública que se han llevado a cabo en los 15 meses de Gobierno de Emiliano García-Page.
 
Entre estos avances, Ruiz Molina ha mencionado la devolución de un 50% de la paga extra suprimida por el Gobierno de Mariano Rajoy a los empleados públicos en 2012, la reincorporación de 189 interinos despedidos ilegalmente por el anterior Ejecutivo regional, el acuerdo con los sindicatos para la devolución del 3% salarial, la aprobación de dos ofertas de empleo público y 1.755 nuevas contrataciones. 

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