El Anteproyecto de Ley de Garantía de Plazos de Respuesta, que este mismo año se tramitará para aprobarla en las Cortes regionales, garantiza que a partir de 1 de enero de 2003 el tiempo máximo que permanecerá un paciente en lista de espera de cirugía programada será de 180 días, frente a los 207 que se esperan actualmente. Además, esta ley afecta también a las consultas externas fijando un plazo máximo de 60 días frente a los 202 que hay en la actualidad, y a las citas para pruebas diagnósticas que pasarán de los 442 días de espera a los 30, desde enero de 2003.

El Gobierno de Castilla-La Mancha se convierte con esta medida en una de las primeras administraciones que, no solo plantea programas para reducir las listas de espera, sino que garantiza que los ciudadanos serán atendidos en tiempos razonables. Para ello será necesario primero desarrollar un completo Plan de Reducción de Listas de Espera que un aumento de la actividad de 10.692 operaciones quirúrgicas, 57.000 primeras consultas y 35.000 pruebas diagnósticas.

Plan de reducción de listas de espera

El Plan de reducción de listas de espera se compone de un paquete completo e integral de medidas que permitirán, en primer lugar, reducir las listas de espera, para posteriormente encontrar un equilibrio entre la oferta de recursos y la demanda de los mismos, que permita garantizar tiempos razonables para recibir asistencia. Estas medidas contemplan, en primer lugar, el impulso de las inversiones en los Centros públicos, así como la dotación adecuada de plantillas, y en segundo lugar, la utilización complementaria de los recursos concertados privados.

Para ello se desarrollarán planes de reducción de lista de espera por cada centro y cada especialidad, con un enfoque integral, donde se discuta con los profesionales la mejor forma de cumplir los objetivos. Al mismo tiempo se fijan programas específicos de reducción de tiempos de espera y se informará de la situación de listas de espera que estarán disponibles a partir de junio de 2002 en la web de la Junta de Comunidades.

Situación actual

A 31 de diciembre de 2001 estaban en listas de espera en Castilla-La Mancha 157.928 pacientes, 92,2 personas por cada 1000 habitantes frente a los 54,8 por 1000 que era la media del Sistema Nacional de salud.

Según los datos obtenidos por la Consejería de Sanidad, y a la espera de que puedan aparecer nuevas inscripciones que no se han podido registrar por haber “listas cerradas”, la lista de espera quirúrgica a 31 de diciembre de 2001 era de 22.162 pacientes, 12,9 por cada 1000 habitantes frente a los 4,07 de Andalucía, los 6,5 de la media del Sistema Nacional de Salud o los 11,3 de media del territorio INSALUD

En espera de una cita con el especialista se encontraban, en esa misma fecha, 84.179 pacientes, lo que supone 49 pacientes de cada mil.

En espera para pruebas diagnósticas se encontraban 51.587 pacientes, 30,1 de cada 1000.

Según ha informado hoy el Consejero de Sanidad, Fernando Lamata, las listas de espera se han incrementado en un 30% durante los dos últimos años debido, fundamentalmente, a la política de congelación de plantillas y congelación salarial, el freno en la inversión tecnológica e infraestructuras, la disminución relativa del gasto sanitario público.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha planteado numerosas iniciativas ante el Ministerio de Sanidad para atajar este problema pero todas ellas han sido ignoradas, a pesar de que las listas de espera son, según encuestas sobre calidad de los servicios sanitarios, la principal preocupación de los ciudadanos. Incluso el PP de Castilla-La Mancha, que en los últimos 6 años ha ignorado este problema, reconoce ahora que las listas de espera existen y es necesario aplicar medidas correctoras.

En este sentido, y dado que el Gobierno de Castilla-La Mancha anunció que las peticiones al PP nacional se convertían en compromisos para el Gobierno regional, el borrador de Anteproyecto de Ley de Garantía de Plazos de Respuesta a la Atención Sanitaria especializada supone cumplir con lo anunciado: reducción de listas de espera en 25.000 personas durante 2002, mejora garantizada de la situación y, en definitiva, compromisos formales con los ciudadanos de la Región.