El Gobierno de Castilla-La Mancha destinará 150.000 euros para atender a víctimas de violencia machista en el recurso extraordinario de acogida
Blanca Fernández ha afirmado que “el Gobierno de Castilla-La Mancha quiere lanzar un mensaje muy claro y es que está dispuesto hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para amparar a las mujeres, y a sus hijos e hijas, en una situación de extrema vulnerabilidad como es la tener que abandonar tu domicilio e ir a un recurso de acogida para poder preservar la vida”.
Desde el inicio del confinamiento, y en previsión de que se produjera un repunte de violencia machista, tal como ha sucedido, el Ejecutivo autonómico tomó la decisión de habilitar este recurso extraordinario que se puso en marcha el día 22 de marzo.
En estos momentos, el conjunto de los recursos de acogida de Castilla-La Mancha prestan servicio acogiendo a 85 mujeres y 73 menores.
Toledo, 2 de junio de 2020.- El Gobierno de Castilla-La Mancha destinará 100.218 euros a duplicar las plazas y mantener abierto, tanto tiempo como sea necesario, el recurso de acogida extraordinario para víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos, puesto en marcha con motivo de la pandemia provocada por la COVID-19. Esta cantidad se suma a los 50.000 euros iniciales que hicieron falta para poner en marcha el recurso, de manera que, en total, se destinarán 150.000 euros.
Así lo ha explicado la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, que ha comparecido para dar cuenta de los asuntos abordados hoy en Consejo de Gobierno, y en el que precisamente, uno de los temas vistos ha sido el visto bueno al contrato de emergencia para la ampliación de este recurso extraordinario.
“El confinamiento que fue muy bueno para la inmensa mayoría de la ciudadanía y muy bueno para doblegar la curva del coronavirus, sin embargo, en muchas ocasiones fue nefasto para las víctimas de violencia de género y por eso se justifica el esfuerzo del Consejo de Gobierno en esta materia. 150.000 euros que no son nada si sirven para darle una oportunidad a mujeres que hoy son víctimas y que en definitiva lo que queremos es que mañana sea en supervivientes”, ha afirmado, la consejera al respecto.
Blanca Fernández ha recordado que, desde el inicio del confinamiento, y en previsión de que se produjera un repunte de violencia machista, tal como ha sucedido, el Ejecutivo autonómico tomó la decisión de habilitar este recurso extraordinario que entró en funcionamiento el día 22 de marzo y en el que se produjo el primer ingreso el 9 de abril.
“El Gobierno de Castilla-La Mancha quiere lanzar un mensaje muy claro, y es que está dispuesto hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para amparar a las mujeres, y a sus hijos e hijas, en una situación de extrema vulnerabilidad como es tener que abandonar tu domicilio e ir a un recurso de acogida para poder preservar la vida”, ha dicho la consejera.
En estos momentos, ha informado Blanca Fernández, el conjunto de los recursos de acogida de Castilla-La Mancha acoge a 85 mujeres y 73 menores.
Legislación
La toma de conocimiento por el Consejo de Gobierno de la tramitación de emergencia de contratos, como consecuencia del COVID-19, viene dada por lo establecido en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en conexión con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 9/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas extraordinarias de carácter económico-financiero y de refuerzo de medios frente a la pandemia; de la misma manera, se conecta con la Circular nº 1/2020, de 24 de marzo, interpretativa en materia de contratación, de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
También el Real Decreto-Ley 12/2020 de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, estableció como servicios esenciales los servicios de acogida a víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres; la prestación de los servicios de asistencia social integral, consistentes en orientación jurídica, psicológica y social que viniesen funcionando con anterioridad a la declaración del estado de alarma, y las campañas institucionales para prevenir la violencia de género durante el estado de alarma.