El Gobierno de Castilla-La Mancha confirma que todas las familias del edificio de GICAMAN de Guadalajara ya han optado por una solución habitacional
Desde el Gobierno regional se ha detallado que 26 familias han optado por la reubicación a cargo de GICAMAN, 10 por la ayuda económica (a través de la Dirección Provincial de Fomento), 7 por la rescisión del contrato y 3 no estaban en situación regular en sus casas. También ha insistido en que, en base a los informes de la Policía Local de Guadalajara, fueron 108 y no 300, los vecinos que estaban en el edificio cuando fue desalojado en la madrugada del 11 de enero.
La consejera de Fomento ha aclarado que “no se han cobrado nunca dos recibos por parte de la Junta de Comunidades ni de GICAMAN”, explicando que se giró la factura del mes de enero y desde entonces no se ha vuelto a cobrar a aquellos que han decidido buscar por su cuenta la solución provisional de vivienda.
“El Gobierno regional quiere que los vecinos vuelvan cuanto antes a sus casas”, ha remarcado García Élez, al mismo tiempo que ha pedido “no hacer demagogia y utilizar un tema tan sensible y preocupante como las viviendas sociales en Castilla-La Mancha para hacer política”.
Toledo, 20 de marzo de 2018.- La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha confirmado que todas las familias del edificio de GICAMAN que fue desalojado el pasado mes de enero en Guadalajara, ya han optado por una solución habitacional de las tres que se les ofrecieron. Así lo ha anunciado antes de la comparecencia que se ha celebrado en las Cortes regionales esta tarde, añadiendo que las dos familias que quedaban se decantaron la semana pasada por la ayuda económica, que se gestiona a través de Bienestar Social, y ayer mismo se confirmó que lo habían percibido. “Una vez se han solucionado los problemas personales, venimos a explicarlo, antes la información no habría sido total”, ha remarcado.
La titular de Fomento ha detallado que 26 familias han optado por ser reubicados, siete por la rescisión del contrato y 10 por una ayuda económica de alrededor de 3.000 euros. En el caso de la reubicación ha sido la empresa pública de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (GICAMAN), la que se ha hecho cargo de encontrar el nuevo hogar y también de sufragar el alquiler. En este caso el inquilino solo se hace cargo de la renta habitual de su vivienda de la calle Laguna de la Colmada, ya que el contrato se mantiene en vigor.
En el supuesto de la rescisión de contratos, se ha llegado a acuerdos de indemnización para finalizar el contrato de forma mutua, y en el de la ayuda económica el contrato con GICAMAN se paraliza hasta que los vecinos puedan llegar a sus viviendas y, mientras tanto, son los propios vecinos los que se hacen cargo de su habitabilidad.
García Élez ha querido aclarar que “no se han cobrado nunca dos recibos por parte de la Junta de Comunidades ni de GICAMAN”, explicando que en el caso del contrato con el edificio de la empresa pública cuando tuvo lugar el desalojo, ya se había girado el recibo del mes de enero y “desde entonces no se ha vuelto a girar”. De esta forma, ha dicho que solo puede ocurrir en casos en que un inquilino inicia otra relación contractual con un tercero, de forma independiente a GICAMAN.
Agustina García Élez ha recordado que, este mismo hecho, se lo explicó el nueve de febrero al alcalde de Guadalajara. “Seguir insistiendo en que la Junta de Comunidades o GICAMAN han cobrado dos veces un mismo recibo es mentir, y crear alarma entre la ciudadanía”, ha subrayado.
En este sentido, la consejera ha expresado que la intención de GICAMAN, Gobierno regional, vecinos y de todos, en general, es que “los vecinos vuelvan cuanto antes a sus casas”. Por eso, García Élez ha instado a “no hacer demagogia y utilizar un tema tan sensible y preocupante como las viviendas sociales en Castilla-La Mancha para hacer política”.
La consejera también ha recordado que han existido tres casos de inquilinos que se encontraban en situación irregular; de uno de ellos no han tenido noticias y los otros dos se han tramitado a través de las ayudas de Bienestar Social, ya que la reubicación o rescisión de contrato no se han podido barajar debido a que no eran adjudicatarios de las viviendas ni habían formado parte de proceso desde el listado de demandantes. De esta forma, ha dicho, “no se puede hablar de desahucios cuando no eres el propietario de una vivienda”.
El informe del diagnóstico del edificio estará listo en unas semanas
La consejera de Fomento ha avanzado que el informe del diagnóstico global del edificio, que trasladará el mejor proyecto técnico de rehabilitación y devolver al edificio las condiciones de habitabilidad, así como las causas que han originado las deficiencias, si existieran, y cuales son. Todo quedará recogido en ese informe que está realizando la empresa especializada en análisis de patologías y estructuras de edificios Cemosa.
García Élez ha manifestado que “actualmente el edificio está vacío”, ya que era una premisa fundamental para que los técnicos pudieran hacer el diagnóstico con las máximas garantías, y es que “el Gobierno regional tiene una cosa clara, que la prioridad y lo más importante es la seguridad de los ciudadanos para que puedan volver a su vivienda de forma segura”.
En cuanto al repaso que han hecho desde el origen de este asunto, la consejera de Fomento ha recordado que desde el primer momento, el Gobierno regional, GICAMAN, las direcciones provinciales de Fomento y Bienestar Social, y a través de la empresa contratada ACCEM para la asistencia y apoyo social, han estado “en constante y continua comunicación”; de hecho, ha reiterado en que “sigue abierta la línea de comunicación y todos los vecinos pueden tener contacto con los técnicos de GICAMAN y con la dirección provincial de Fomento”. Igualmente, ha añadido que la información siempre ha sido fluida y transparente, tanto con los vecinos afectados como con los medios de comunicación.
La responsable de Fomento ha agradecido todo el trabajo y colaboración de los técnicos municipales del Ayuntamiento de Guadalajara, que junto a los técnicos de GICAMAN y la empresa contratada, han marcado la hoja de ruta de los informes que han conducido, posteriormente, a la toma de decisiones. En todo momento, ha continuado, “no había peligro de derrumbe o colapso, mientras que sí se encontraron deficiencias en la escalera central”, este problema fue atajado el mismo día 13 de enero, dos después del desalojo, cuando se hizo un apeo en esa escalera.
La consejera también ha querido precisar que el principal partido de la oposición en la región sigue insistiendo en un dato “erróneo”, ya que “nunca ha habido 300 desalojados, pero no lo dice la consejera de Fomento sino la Policía Local de Guadalajara”, ya que el día del primer desalojo había 108 vecinos entre todas las viviendas.