A juicio del director general, la postura del MAPA de retrasar la aprobación de los planes de cuencas, que los fue aprobando en cada una de las cuencas hidrográficas, se debe a que tendría que proceder a la aprobación del Plan Nacional de Regadíos y establecer un compromiso de ejecución de los mismos, así como un compromiso financiero.

El director general del Agua, Alejandro Gil, manifestó hoy su preocupación por la dilatación en el tiempo que está sufriendo la aprobación de los planes hidrológicos de cuencas por la oposición del Ministerio de Agricultura y añadió que "me temo que esta demora sólo se entiende desde una óptica: que las zonas regables que se ponían en duda en España y, concretamente en Castilla-La Mancha, porque no había recursos hídricos suficientes, con el Plan Hidrológico se desbloquean".

Gil, que hizo esta afirmación en el transcurso de una rueda de prensa, señaló que los planes hidrológicos tanto del Tajo como del Júcar contemplan que hay recursos hídricos suficientes para la puesta en marcha de las zonas regables de la Sagra-Torrijos y de La Manchuela Centro-Canal de Albacete.

A juicio de Gil, las discrepancias entre el Ministerio de Medio Ambiente, que es partidario de la aprobación de los planes de cuenca, y el de Agricultura, que no desea su aprobación, se debe a que este último tendría "la pelota en su tejado" y tendría que proceder a la aprobación del Plan Nacional de Regadíos y establecer un compromiso de ejecución de los mismos, así como un compromiso para su financiación.

El director general del Agua calificó de "inaceptable" la paralización de los planes de cuenca porque "además de incumplir un mandato del Congreso que señalaba que estos debían estar aprobados antes del 1 de enero del próximo año", se ralentizarán las inversiones en obras de infraestructura necesarias en las diferentes cuencas, tanto para prevenir épocas de sequía como los problemas de avenidas de agua y desbordamientos.

En relación a las inversiones en infraestructuras hidráulicas, Alejandro Gil se mostró también "muy preocupado" por la creación en las confederaciones hidrográficas de sociedades o empresas estatales que lo que pretenden es "la mayor privatización de la gestión y explotación de las obras hidráulicas".

El director general explicó que hasta ahora el Ministerio de Medio Ambiente venía invirtiendo por capítulo VI unos 140.000 millones anuales en obras de infraestructura, tras la creación de estas empresas la inversión pública se reducirá a 90.000 millones, ya que el resto - 50.000- se destinará a estas sociedades.

El funcionamiento de estas empresas, según Alejandro Gil, será el siguiente: ellas aportarán hasta el 50% del coste de la obra a realizar, mientras que el resto lo tendrán que aportar los usuarios de la misma, los regantes o los ciudadanos. "Esto significa que sólo harán aquellas obras con las que obtengan una rentabilidad económica", puntualizó Gil, quien añadió que "se está dando un paso importante hacia la privatización del agua y a su conversión en un bien económico directo".

En opinión de Alejandro Gil, con esta política los regadíos de rentabilidad social, las obras de carácter medioambiental o las que no tengan usuarios concretos corren el riesgo de no llevarse a cabo.

"Las actuaciones en infraestructura hidráulica deben proceder de la planificación del Estado y, por supuesto, igual sucede con la gestión de los recursos hídricos", señaló Gil, quien añadió que "si esto sigue en esta línea, estudiaremos los procedimientos jurídicos posibles".