Toledo, 15 de noviembre de 2016.- El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado en su sesión de hoy solicitar al Senado la convocatoria de la Comisión General de las Comunidades Autónomas para “reclamar la revisión de la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). 
 
Así lo ha anunciado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, que ha señalado que “en los últimos años, la atención a la dependencia ha constatado dos importantes déficits a nivel estatal: la reducción de la aportación económica del Gobierno de España, al no sufragar los porcentajes a los que está obligado por Ley, y la falta de impulso político por parte del Gobierno de la nación (del Partido Popular), para el desarrollo de la Ley de Dependencia”.
 
Para cuantificar esa falta de financiación del Gobierno central, la consejera ha recordado que el Observatorio Estatal para la Dependencia, de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, ha manifestado recientemente que “el recorte acumulado del Gobierno de España en Dependencia, tras el Real Decreto-Ley 20/2012, asciende a más de  2.865 millones de euros, tal y como se reconoce en el Plan de Estabilidad y en los Planes de reformas remitidos por el Gobierno de la nación a Bruselas”.
 
El Observatorio añade que, “según los datos oficiales, 1 de cada 3 personas del 1.200.000 mil en situación de dependencia en España no recibe ayuda del sistema público de dependencia”. En palabras del Observatorio, “esta legislatura ha sido devastadora para los dependientes”.
 
16,3 millones de euros menos en 2012
 
La consejera ha incidido en que en 2012 “se produjo un gran quebranto por parte del Gobierno de España a las personas dependientes de Castilla-La Mancha”: la supresión de una de las fuentes de financiación del Sistema, el llamado “nivel acordado”; la reducción en un 14% de los recursos que se destinaban por cada persona en función de su dependencia, el llamado “nivel mínimo”; y la supresión de las cotizaciones a las personas cuidadoras de familiares, a las que hasta ese momento se les pagaba la Seguridad Social por el cuidado de sus dependientes.
 
Comisión General de CCAA del Senado
 
Además, la consejera insiste en que “la posibilidad de que las Comunidades Autónomas aumentemos la financiación es realmente muy difícil porque la falta de aportación estatal nos ha supuesto un enorme quebranto económico y además tenemos que cumplir con el techo de déficit” y recuerda que a pesar de haber grandes diferencias entre unas y otras, los gobiernos autonómicos ya cargan con el grueso de la financiación del sistema (y aportan una media del 63%) porque el Estado no cumple la ley y no aporta la mitad del gasto público, sino sólo el 18%.
 
Por eso, el Gobierno de Castilla-La Mancha “va a llevar esta reclamación de la deuda histórica del Gobierno de España con el Sistema de  Dependencia al Senado, solicitando la convocatoria de la Comisión General de las Comunidades Autónomas de la Cámara Baja, prevista en el artículo 55 y siguientes del Reglamento del Senado, que tiene, entre otras funciones, la de permitir la participación de las comunidades autónomas y proponer a los poderes públicos recomendaciones sobre cuestiones de su competencia”.
 
Según Aurelia Sánchez “es una petición de justicia social que hace el Gobierno de Castilla-La Mancha, que defiende los derechos de las personas en situación de dependencia y sus familias tanto dentro como fuera de nuestra región”.
 
En Castilla-La Mancha hay 62.000 personas con derecho reconocido a una prestación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, de los que 40.548 son beneficiarios de alguna de las  50.780 prestaciones del sistema (a 30 de septiembre 2016).