El director general de la Función Pública criticó hoy en Toledo el contenido de este proyecto de Ley, que deberá debatirse en el Parlamento nacional, durante la entrega de diplomas a los alumnos de Gestión y Administraciones Públicas que han efectuado prácticas en las dependencias de la Junta de Comunidades, precisamente una diplomatura que se imparte de forma pionera en la Universidad de Castilla-La Mancha y que no está contemplada en este texto.

El director general de la Función Pública, Ricardo Navarro, criticó hoy en Toledo el anteproyecto de Ley de la Función Pública, elaborado por el Gobierno central, entre otras cuestiones, por no dar cabida a nuevas titulaciones y diplomaturas universitarias, perpetuando "un sistema obsoleto que no se corresponde con los aspectos del sistema de formación de la Universidad que se está perfilando, que ahora es mucho más abierto y contempla carreras que nada tienen que ver con el número de años en que se realizan".

Para Ricardo Navarro, este hecho en nada beneficia a la Función Pública, porque en los puestos de trabajo de la Administración hace falta gente bien preparada y con la formación necesaria para dar respuesta a las demandas de la sociedad y sus ciudadanos.

"El anteproyecto del Estatuto de la Función Pública lo que traduce es una percepción obsoleta de la Administración, que no da solución a las necesidades de la Función Pública actual y, mucho menos, a las demandas ciudadanas del futuro", añadió Navarro.

El director general rechazó que la Administración pública "sea un reducto de determinados colectivos, en la que sólo tengan cabida cuatro o cinco titulaciones, como abogados, economistas o médicos, cuando pueden caber todas y no desperdiciar el enorme capital humano".

"En el Estatuto elaborado por el Gobierno central se perpetúa lo viejo, ya que es una mera recopilación de la legislación existente, manteniendo la misma distribución de grupos funcionariales actual", criticó Navarro, quien añadió que "lo único que deja entrever este texto es el predominio de determinadas castas y grupos de funcionarios que quieren mantener sus privilegios como en los años 50, 60 y 70".

Estas declaraciones fueron realizadas por el director general durante la entrega de diplomas a los 55 alumnos de Gestión y Administraciones Públicas que han efectuado prácticas en las dependencias de la Junta de Comunidades, precisamente una diplomatura que se imparte de forma pionera en la Universidad de Castilla-La Mancha y que no está contemplada en este texto.

Ricardo Navarro anunció a los estudiantes que la Consejería de Administraciones Públicas, además de mantener la oposición que ha mostrado al Estatuto durante su elaboración y que deberá ser debatido en el Parlamento nacional, incluirá la diplomatura de Gestión y Administraciones Públicas en la relación de puestos de trabajo donde tenga que ser un mérito.

Otro de los aspectos criticados por Ricardo Navarro, es que en el anteproyecto "se mantenga el nivel legal de dos relaciones de empleo distintas como son funcionarios y laborales". Si bien el director general no defendió "juntar ambas categorías de un plumazo", sí aseguró que "este Estatuto, que lleva discutiéndose año y medio, podría haber acercado esos dos grupos de relaciones laborales, por ejemplo, con un sistema de negociación común".

Así mismo, Navarro mostró su satisfacción porque las reivindicaciones que su departamento está haciendo sobre la exclusión de titulaciones del anteproyecto de Estatuto hayan coincidido con las que se han realizado desde el propio Consejo de Rectores.

Por último, el director general manifestó su temor ante la aprobación definitiva del Estatuto de la Función Pública, ya que al "ser una Ley de Bases, va a condicionar el resto de legislaciones autonómicas, lo que supondrá que no podemos cambiar nada básico en el Estatuto de la Comunidad Autónoma".