La consejera de Sanidad, Matilde Valentín, ha denunciado ante los medios de comunicación una serie de medidas que está adoptando el Gobierno nacional y que, a su juicio, están poniendo en peligro el sistema sanitario público.

Según la consejera, el injusto reparto de la financiación sanitaria; la nueva fórmula de gestión de los centros sanitarios públicos, mediante fundaciones; y el fomento de los seguros sanitarios privados por parte del Gobierno nacional, están haciendo del sistema sanitario público un sistema inviable, que no se puede sostener y que derivará en la privatización de la Sanidad.

Para la consejera, las medidas adoptadas por el Gobierno en los dos últimos años, "encaminadas a incrementar las desigualdades y que van deteriorando el sistema sanitario público", reafirman al Gobierno regional en su petición de que se transfiera a Castilla-La Mancha la gestión de la Sanidad.

A juicio de Matilde Valentín, la debilidad del Gobierno nacional le ha llevado a ceder permanentemente a las presiones nacionalistas, de tal forma que en materia sanitaria, Cataluña recibe mucho más dinero por habitante y año que el resto de comunidades, tengan o no transferidas las competencias.

"Desde Castilla-La Mancha no pedimos que le quiten a Cataluña, lo único que queremos es el mismo dinero, el mismo trato y las mismas competencias que las comunidades mejor situadas desde el punto de vista sanitario", ha dicho la consejera, quien ha añadido que "en materia de salud no creo que los castellano-manchegos seamos diferentes al resto, por lo que necesitamos los mismos servicios y las mismas posibilidades".

Matilde Valentín ha denunciado que transcurrido un año desde la aprobación del modelo de financiación sanitaria los datos demuestran el reparto injusto que de los fondos hizo el Gobierno de tal forma que frente a las 104.699 pesetas habitante año que le han correspondido a Cataluña, a Valencia le corresponde 100.343 y a Castilla-La Mancha 90.981 pesetas.

Ante estos datos, la consejera ha mostrado su interés en que Castilla- La Mancha estuviera el próximo año en la media nacional, aunque ha augurado que dado el ritmo de inversión que lleva el Ministerio en la región lo más probable es que no se alcance.

Según la consejera, cuando finalice el período de 4 años de vigencia de este modelo de financiación sanitaria injusto e impuesto a las comunidades autónomas, Castilla-La Mancha habrá perdido 90.000 millones de pesetas con respecto a Cataluña.

Fundaciones y Seguros privados

Además, la consejera ha denunciado las nuevas formas de gestión de los centros sanitarios públicos a través de la fórmula de las fundaciones que está implantando el Gobierno sólo en las diez comunidades que no tienen trasferidas las competencias y mediante la cual "lo único que se va a conseguir es trocear el sistema sanitario público e implantar la ley de la selva".

Para la consejera, ésta es una medida inventada por el Gobierno sin cobertura legal y "una prueba más de los palos de ciego que viene dando desde hace 2 años el Gobierno para vender en papel de celofán una fórmula milagro que rompa lo hecho por el Gobierno anterior".

"A raíz de este acuerdo -ha dicho Valentín- yo me pregunto dónde se plasma y se refleja la garantía que vamos a tener los ciudadanos de recibir las prestaciones sanitarias a que tenemos derecho, no sólo en condiciones de igualdad sino con la misma calidad dependiendo al hospital al que vayamos".

La consejera ha pedido que quede reflejado en la Ley, como compromiso del Gobierno, que los ciudadanos independientemente del hospital al que acudan van a tener las mismas prestaciones y en las mismas condiciones de calidad.

A parte de la incongruencia jurídica, la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha rechaza las fundaciones porque condicionan las transferencias a las comunidades autónomas que todavía dependen de Madrid. "No quiero que en Castilla-La Mancha nos impongan un modelo de gestión del que no nos han pedido opinión y en el que no nos han dejado participar".

La tercera medida adoptada recientemente por el Gobierno nacional y rechazada por Castilla-La Manchas es el fomento de los seguros privados que va a suponer una pérdida de ingresos a la hacienda pública con la consiguiente descapitalización del sistema sanitario público.

A juicio de la consejera, el PP está poniendo los cimientos de una sanidad dual: privada para los que se la puedan financiar o para aquellas personas que trabajen para empresas o sectores que incluyen este tipo de seguros sanitarios privados en su convenio colectivo; y de beneficencia para el resto de las personas que no tengan estas posibilidades.