Con esta norma se pretende mejorar la coordinación de los servicios sociales generales y articular la existencia y coordinación de los servicios sociales especializados.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado un Decreto por el que se actualizan las zonas y se constituyen las áreas de servicios sociales de la región, con el objetivo de actualizar el mapa regional de estos servicios y mejorar la coordinación de los mismos, tanto los servicios sociales generales como los especializados.

La evolución del sistema público de servicios sociales en la región junto a las variaciones en el número de habitantes en los municipios de la región y la mejora de las comunicaciones entre las diferentes localidades han aconsejado actualizar la ordenación territorial de estos servicios que presta el Ejecutivo regional.

Con este decreto, cuya elaboración ha sido fruto de un proceso participativo, el mapa de los servicios sociales de Castilla-La Mancha ha quedado dividido en 170 zonas y 54 áreas.

Para realizar esta distribución se han tenido en cuenta los siguientes criterios: número de habitantes, comunicaciones, distribución geográfica de otros sistemas de protección social, comarcas naturales, dotación de recursos de servicios sociales especializados y las demandas y/o problemáticas e intervenciones.

También en materia de Bienestar Social, el Consejo ha autorizado al Gabinete Jurídico para ejercer acciones judiciales en defensa de los derechos económicos de tres menores, tutelados por el Gobierno regional a través de la Delegación de Bienestar Social de Albacete.

Estos menores (más otra hermana actualmente mayor de edad) están bajo la tutela del Gobierno regional, a petición de sus padres, desde el 11 de marzo de 1996, tutela que pasó a ser automática en octubre de ese mismo año al fallecer la madre de los niños en un accidente laboral sufrido mientras participaba en un programa de la Escuela Taller del Ayuntamiento de Albacete.

El Gobierno regional ha autorizado las actuaciones judiciales pertinentes para la reclamación de la indemnización que pudiera corresponder a los menores como consecuencia del accidente laboral que causó la muerte de su madre.

Por otra parte, el consejero de Educación y Cultura, Justo Zambrana, ha informado al Consejo de Gobierno sobre la situación actual del proceso de negociación de las transferencias en Educación no universitaria, así como de las perspectivas de Castilla-La Mancha en materia educativa ante este traspaso.

En materia de Juventud, el Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Educación y Cultura a formalizar un convenio con el Instituto de la Juventud, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con el objetivo de modificar y ampliar la colaboración iniciada el 1 de marzo de 1996 para el desarrollo de la Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler.

También a propuesta de Educación y Cultura, el Gobierno regional ha aprobado un decreto por el que se delimita el entorno protegible de la "Mezquita de Tornerías", en Toledo, inmueble que está declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de monumento.

Por último y a propuesta de la Consejería de Administraciones Públicas, se ha aprobado un Decreto por el que se regulan los servicios de información general y registro de documentos de la Administración regional.

Con este Decreto se pretende crear un marco propicio para que la información, atención y el servicio al ciudadano en las oficinas públicas tenga cada vez una mayor calidad, sea más cercano, rápido, fácil, especializado y profesional.

Entre otras cuestiones, este Decreto prevé la creación de un registro único de entrada y salida de documentos y sienta las bases para su gestión mediante soporte informático.

Asimismo, se regula la creación y funcionamiento de un servicio telefónico de información -el Teléfono Único de Información (TUI)- y de oficinas especializadas, denominadas Oficinas de Información y Registro (OIR), que permitirán ofrecer una nueva gama de servicios, alcanzar un alto nivel de calidad en la atención e información general al ciudadano y servir de instrumento de percepción de la opinión de los ciudadanos respecto a los servicios que recibe de la Administración.