A juicio del Ejecutivo regional es contrario a la Constitución ya que viola los principios de igualdad y solidaridad.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional el sistema de financiación sanitaria elaborado por el Ejecutivo nacional al considerar que es contrario a la Constitución, ya que viola los principios de igualdad y solidaridad.

Concretamente, se recurrirán varios subconceptos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998 correspondientes al presupuesto del Instituto Nacional de la Salud, en los que se transfieren a las comunidades autónomas de Andalucía, Canarias, Cataluña, Galicia, País Vasco, Valencia y Navarra determinadas cantidades resultantes de los acuerdos sobre el sistema de financiación sanitario para el cuatrienio 1998-2001.

En dichos subconceptos presupuestarios se transfieren a estas siete comunidades autónomas (con competencias sanitarias) la cantidad de 72.600 millones de pesetas frente a los 5.762 que corresponden al Insalud para su gestión directa en las restantes regiones españolas.

Esto supone que del montante global que el Gobierno central ha destinado a la financiación del Sistema Nacional de Salud para estos cuatro años, el 92,65% es atribuido a las autonomías con competencias sanitarias y el restante 7,35% se distribuye entre las diez regiones restantes.

En opinión del Gobierno de Castilla-La Mancha, esta distribución viola el principio constitucional de igualdad, ya que según recoge la Carta Magna todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier territorio del Estado y las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas "no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos y sociales".

También se considera vulnerado el principio de solidaridad porque las siete comunidades autónomas que reciben el 92,65% de los fondos son, en general, las más desarrolladas y de mayor renta per cápita (con las excepciones de Andalucía y Galicia) y las que reciben el 7,35% de los mismos son las de menor poder económico (también con las dos excepciones de Madrid y Baleares).

Según el texto constitucional, artículo 131.1, "El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular".